Cantabria prevé que el impacto hospitalario de la sexta ola sea «más largo y duradero» que en anteriores

«De momento» no hay nuevas medidas pero Rodríguez avisa a la oposición: «Cuando tengamos que tomarlas no me voy a sentar con ustedes a pactarlas»

Aproximadamente el 5% de los casos de coronavirus que se están diagnosticando en estos momentos en Cantabria acaba en ingreso y la Consejería de Sanidad prevé que el impacto en los hospitales de esta sexta ola va a ser «más largo y duradero» que en las anteriores.

En estos momentos, hay 81 personas ingresadas con Covid, de las que 20 están en la UCI, lo que supone una ocupación hospitalaria del 5% y del 14% en las Unidades de Cuidados Intensivos (se ha abierto una UCI Covid en el pabellón 15 de Valdecilla).

Así lo ha apuntado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), en su respuesta a una interpelación del PP sobre los criterios del Gobierno ante la actual situación del Covid en la comunidad.

En ella, el consejero se ha ratificado en sus manifestaciones de esta mañana, en las que ya avisó que la situación es «muy preocupante», aunque todavía menos que en las comunidades vecinas.

En estos momentos, Cantabria está en nivel de alerta 2 (medio) pero prevé que pueda pasar al 3 (alto) en «no mucho tiempo», según ya avisó Rodríguez esta mañana.

En su intervención en el Pleno, Rodríguez ha afirmado que «de momento» no hay nuevas medidas frente al Covid más allá de las ya publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 3 de diciembre y tampoco ha avanzado qué planteamientos o propuestas planteará al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de cara a la Conferencia de Presidentes del miércoles, día 22.

«Los presidentes, en la Conferencia del miércoles, decidirán junto con el presidente del Gobierno, si se llega a un acuerdo, si imponen más medidas para el conjunto del Estado», ha dicho Rodríguez.

El titular de Sanidad sí ha reconocido que desde la Consejería de Sanidad creen que tendría que habilitarse «otro marco legal a nivel nacional que permitiera tomar más medidas». Y es que, según ha dicho, con el actual no se prevé que los jueces avalen más restricciones (los jueces tumbaron hace unos días la limitación del horario del ocio nocturno en la comunidad).

Respecto a las medidas, Rodríguez ha subrayado que en Cantabria no hay «ninguna improvisación» y ha señalado que, de hecho, es la «única» comunidad que tiene una «hoja de ruta» ya publicada con las medidas a adoptar.

Además, ha lanzando un aviso a la oposición: «Cuando tengamos que tomar medidas, y más en una tema como es este que hay que tomar medidas con rapidez y sin dilación no me voy a sentar con usted a pactarlas. Las tomamos el Gobierno, ustedes son la oposición», ha advertido al diputado del PP César Pascual.

Por otra parte, Rodríguez ha avanzado que Cantabria va a continuar con la vacunación de los niños, además de con la administración de las dosis de refuerzo en los grupos ya establecidos.

GESTIÓN DE LA DEMANDA EN LOS CENTROS DE SALUD

También en el Pleno, Rodríguez ha sido interpelado sobre la polémica acerca de la gestión compartida de la demanda en los centros de salud y la participación de los administrativos y personal de admisión en la misma según el manual de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud en el que se establece este procedimiento.

En este sentido, el consejero ha aclarado que «ningún» administrativo o técnico de admisión va a «sustituir» a los facultativos, ni va a diagnosticar «nada» ni a tomar «decisiones clínicas» como –ha dicho– «falsamente» se ha apuntado por algunos.

Ha señalado que las funciones que van a desarrollar estos profesionales son atender a las personas que llegan al centro sanitario y dirigirlas, a través de un esquema de preguntas cerradas al paciente y de acuerdo con un algoritmo preestablecido, al profesional más adecuado.

Ha aclarado que el objetivo de la gestión compartida es «agilizar» la demanda y orientar al paciente «desde el primer momento» al profesional más adecuado para sus necesidades y, además, «desburocratizar» la labor de los facultativos, haciendo que puedan dedicar más tiempo a lo que es en sí la labor de atender al paciente.

También ha señalado también que desde el SCS «no se impone nada» y se da a los centros de salud a elegir entre tres modelos organizativos ante para la gestión de la demanda de la atención no demorable. Una opción es, según ha explicado, que el centro tenga un equipo dedicado a esta atención; otra alternativa es contar con una enfermera que gestione los casos, o la tercera vía, que el personal de admisión del centro (los administrativos), tras consultar al usuario y bajo un algoritmo prestablecido, le derive al personal más adecuado para atenderle.

Además, ha afirmado que para este procedimiento se cuenta con el apoyo de los colegios profesionales y ha añadido también que no se trata de una «ocurrencia» que haya sino que ya funciona en otros lugares, como Galicia, «con buenos resultados», Asturias y «en breve» en Castilla y León.

4.000 EUROS A UN PACIENTE COVID

Por otro lado, el consejero también ha respondido en el Pleno de hoy a preguntas del PP acerca de pacientes de coronavirus procedentes de mutuas a los que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha cobrado la atención prestada.

En concreto, el popular Iñigo Fernández ha abordado el caso de un asegurado de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España (MUFACE) al que el hospital de Laredo ha girado una factura de 4.000 euros tras estar ingresado por el virus.

El consejero ha explicado al respecto que «se ha seguido el criterio estricto que marca la normativa», pues primero se comprueba si el paciente asegurado tiene derecho a que le preste la asistencia el servicio público de salud o si ha elegido que sea una entidad privada, como en este caso, y a continuación para cobrar la factura a MUFACE tiene que existir una autorización de la mutualidad, mientras que, si por el contrario no se tiene, se cobra al paciente.

«Para facturar a MUFACE, MUFACE tiene que derivar a este paciente y tiene que haber una autorización. Si no hay ese papel, se factura al paciente en todos los casos y el paciente tendrá que facturarlo a la mutualidad», ha aclarado Rodríguez, añadiendo que ésta «es muy restrictiva» y cuando el asegurado no tiene derecho a esa atención «solo se hace cargo de los gastos cuando realmente está en una situación de urgencia vital».

Por lo tanto, ha señalado que el paciente tiene que reclamar a su mutualidad y no al SCS, porque «esta muy claro, y las normas lo dicen, cuándo se factura a la entidad y cuándo se factura al paciente».