Cantabria mantendrá este año la exención en las tasas de obras para apoyar a la construcción
Buruaga y Javier Palomera, presidente de los constructores y promotores, abordan la situación del sector y de la obra pública
El Gobierno de Cantabria mantendrá a lo largo de este 2024 la exención en las tasas de obras, que estaba vigente el año pasado, como una medida de apoyo a la actividad de la construcción. Además, el Ejecutivo prevé que se mantenga el ritmo de la licitación de obra pública se mantenga a lo largo de este ejercicio
Así se lo trasladó la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a Javier Palomera y José Domingo San Emeterio, presidente y vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, en una reunión en la que abordaron la situación de este sector, que representa en torno al 5 por ciento de la economía de la comunidad autónoma.
En el encuentro, también trataron la planificación de obras y proyectos públicos durante este año, en el que se mantendrá la exención en las tasas de obras que estaba vigente y, también, el ritmo de licitación de obra pública.
Además, Buruaga garantizó a los representantes de los constructores y promotores cántabros el cumplimiento de los proyectos y obras, recogidos en las cuentas públicas, frente a la ralentización en la ejecución de obra pública que, según lamentaron los portavoces de la asociación, se produjo durante el año pasado debido, sobre todo, a las consecuencias del conocido como caso obras públicas .
El encuentro, en el que también participó el consejero de Fomento, Roberto Media, supuso una primera toma de contacto entre el Gobierno y la Asociación, y ambas partes acordaron trabajar de la mano para seguir impulsado este sector, de gran importancia para Cantabria en términos económicos y de empleo y como tractor de otras actividades.
Los representantes de los constructores trasladaron a la presidenta del Gobierno su preocupación por la situación de incremento de precios; por la escasez de profesionales grabadores; por la morosidad y por los ritmos de tramitación de las administraciones públicas.
