Cantabria inspeccionará las Viviendas de Protección Oficial tras detectar alquileres ilegales

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente iniciará la próxima semana una campaña de inspecciones, con multas «importantes», por el «mal uso» que se ha detectado de algunas Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Se trata de propietarios que están usando VPO para alquilarlas ilegalmente, sin la autorización de la Administración o, incluso, como pisos turísticos en algunos casos.

Así lo ha anunciado el consejero del área, Roberto Media, este viernes en declaraciones a la prensa, junto al Director General de Vivienda, Carlos Montes.

Según ha explicado el consejero, tras una serie de denuncias recibidas en la Dirección General de Vivienda, las últimas en las pasadas semanas, y comprobar que «no es un caso puntual, sino que es un caso que se produce con cierta frecuencia», se han reunido con la Consejería de Turismo y han decidido impulsar esa campaña, que va a conllevar sanciones «importantes» encaminadas a acabar con estas prácticas.

Así, será el propio personal de la Dirección General de Vivienda el que se va a encargar de llevar a cabo estas inspecciones, que «van a llegar por sorpresa», con la apertura de expedientes sancionadores a todas aquellas viviendas protegidas de la región donde se estén realizando actividades prohibidas por la legislación.

Ha indicado que van a estar coordinados con la Consejería de Turismo para detectar esta actividad ilegal y la campaña consistirá en la captación de información en portales web de comercialización, visitas in situ a las viviendas o recopilación de diferentes pruebas.

Con esta campaña de inspecciones, el Ejecutivo autonómico no solo pretende dar respuesta a las denuncias recibidas, sino «dejar claro» que destinar una vivienda protegida a un uso que no esté permitido va a conllevar sanciones «graves», recogidas en la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria, que pueden suponer multas entre 3.001 y 15.000 euros.

En el caso de utilizarlas como vivienda turística, puede suponer un incumplimiento normativo en esta materia y acarrear sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros, que acumuladas a las anteriores pueden generar multas entre 9.000 y 45.000 euros.

«No sé si al final van a ser 32 o 25, pero lo que está claro es que ninguna, si lo sabemos, puede estar en esa situación. Y el que cometa estas cuestiones le tendrá que caer el peso de las multas que le tengan que caer», ha añadido.

Según ha apuntado, las denuncias recibidas no solo se han dado en zonas turísticas, de hecho, el primer expediente que se ha abierto es en Corbera de Toranzo, donde la Sareb se quedó las viviendas que no se habían vendido y se compraron «muy baratas» con el objetivo de «hacer un negocio con ellas».

Media ha subrayado que las VPO están destinadas a personas con pocos recursos y «en ningún caso» pueden permitir desde la Administración que se haga negocio con ellas.

«Vamos a ser muy beligerantes con estas prácticas y no vamos a permitir que se utilicen los inmuebles construidos con fondos públicos de forma ilícita», ha afirmado.

El consejero ha apelado a la responsabilidad de los propietarios para que «recapaciten» acerca de lo que supone estar en posesión de una vivienda protegida, en un momento donde «apenas hay oferta de alquiler o de venta en el mercado a precios asequibles».

Ha apuntado que se trata de «un paso más» dentro de la política de vivienda que está impulsando el Gobierno de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que el pasado miércoles anunció la inclusión de Vivienda e la nomenclatura de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para «elevar su prioridad política».

En este punto, Media ha censurado que en la anterior legislatura «no se construyó ni una sola Vivienda de Protección Oficial en Cantabria por el Gobierno de Cantabria, sí el Ayuntamiento de Santander».

«La política de vivienda es estratégica en esta legislatura y por eso necesitamos dar seguridad jurídica a los propietarios con cambios en la ley nacional que faciliten la salida al mercado de inmuebles que ahora están vacíos», ha dicho.

«MAFIAS» EN LA OKUPACIÓN

El consejero ha señalado que el «problema» del acceso al alquiler no son las viviendas turísticas, sino «el miedo que se le meta una persona ahí y no la pueda echar».

Según ha indicado, hay «50.000 viviendas vacías en la región, pero el miedo a la okupación frena a los propietarios». «La gente entiende que en un piso turístico el que te viene te va a venir para unos días y no vas a tener ese problema de la okupación y en una vivienda normal se producen», ha manifestado.

Así, Media ha abogado por cambiar la Ley de Vivienda elaborada por el Ministerio. En este sentido, ha añadido que en Cantabria se venían pidiendo del orden de cien autorizaciones de pisos turísticos al mes y, desde que entró la ley en vigor en mayo del año pasado, las peticiones se multiplicaron «por tres veces y media».

Además, ha asegurado que hay «mafias» relacionadas con la okupación de viviendas que «se apoyan en una legislación que es mala para el ciudadano» y «están haciendo es dinero a costa del sufrimiento de la gente» porque «les cobran dinero por acceder a esas viviendas, les hacen contratos falsos».

«No puede ser que una vivienda ocupada ilegalmente se tarde años en desocuparla. Necesitamos trabajar en eso. Y las medidas que ha tomado este Gobierno son absolutamente equivocadas», ha opinado el consejero, que ha puesto el ejemplo el «desmadre» montado en Barcelona. «Eso es un error y en Cantabria no va a suceder nunca mientras que nosotros estemos», ha aseverado.

Para Media, sin alguien se mete en una casa sin ningún derecho «en 24 horas tiene que estar fuera» y «luego ya pleitearán en el juzgado lo que tenga que pleitear».