Cantabria ha sufrido en lo que va de año 476 incendios forestales que han quemado más de 5.000 hectáreas
En menos de un año se han autorizado 78 quemas controladas y casi 300 ganaderos se han acreditado para realizarlas
Cantabria ha sufrido en lo que va de año un total de 476 incendios forestales que han quemado más de 5.000 hectáreas, lo que supone una afección menor que en el mismo periodo de 2021, en el que hubo 711 incendios y más de 13.800 hectáreas arrasadas.
En el 99% de los casos estos fuegos fueron provocados -el 81% de forma intencionada y el 14% por negligencia- y este 2022 se ha identificado a seis incendiarios que han pasado a disposición judicial, según los datos provisionales que ha ofrecido este miércoles el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, que ha comparecido a petición propia en la Comisión de este área en el Parlamento para hacer una valoración del problema de incendios.
Según ha indicado, de media se producen al año en Cantabria 800 incendios con más de 9.000 hectáreas quemadas. El 80% se dan entre los meses de febrero y abril y la mayoría se concentran en los valles del Nansa, Saja, Pas, Pisueña y Asón, mientras que los incendios que se producen entre agosto y octubre, que solo son el 6% aunque suelen ser de mayor extensión, se provocan especialmente en el sur de la región.
Para gestionar estos fuegos Cantabria aprobó en 2017 el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (PEPLIF), de vigencia indefinida y que se va a someter a su primera evaluación integral este año.
Blanco ha detallado que al menos el 30% de las acciones que contempla este plan ya están ejecutadas, el 34% están en proceso de implementación y el 18% se iniciarán este año, mientras que solo otro 18% no están previstas para acometer, y se valorará si es necesario que se desarrollen en el siguiente periodo del plan (2023-2027).
Dentro de las medidas de prevención se contemplan las quemas controladas, que se regularon el pasado mes de junio y que pueden solicitar los propietarios de los montes -las juntas vecinales en el 95%- y los ganaderos, recibiendo una formación básica para acometerlas.
Así, desde que se puso en marcha la nueva normativa hace menos de un año se han autorizado 78 quemas en montes de 12 municipios, mayoritariamente Arredondo y Soba, y se han realizado 24 cursos en 14 ayuntamientos en los que se han acreditado 284 personas, además de que hay otras 193 pendientes de cursar la parte práctica de la formación.
Asimismo, Cantabria cuenta con un operativo de 412 empleados en la lucha contra el fuego, «el número más alto de la historia» según ha destacado Blanco, que ha pedido no «criminalizar» a ningún sector, porque los incendiaros «no son carpinteros, ni fontaneros, ni ganaderos, son delincuentes», ha sentenciado.
MÁS PREVENCIÓN Y «MENOS BUROCRACIA»
Todos los grupos parlamentarios han coincidido en que la prioridad en la gestión debe ser la prevención de los incendios, y el consejero ha confirmado que la voluntad de la Consejería es reducir la inversión destinada a la extinción para utilizarla en prevención, pero no es posible mientras haya «desalmados» que queman los montes y la «inasumible» cifra de 800 incendios al año.
De todas formas, ha destacado que la inversión en prevención «no es escasa», pues se destinan 750.000 euros al año y se va a incrementar hasta los 1,7 millones, para actuaciones como el desbroce de los montes.
En este sentido, desde la oposición (PP, Cs y Vox) han señalado que la política de la Consejería es en parte «irrealizable» porque contempla desbroces con máquinas en zonas donde no se puede acceder, por lo que tendría que ser manual y no existen tantos recursos para acometerla, como ha señalado el popular Pedro Gómez.
Tanto él como la diputada de Cs Marta García han insistido en la necesidad de limpiar los montes porque «se van perdiendo, son improductivos y están llenos de zarzas, árgumas y helechos». Por ello han pedido «menos burocracia» a la hora de conceder permisos para quemas controladas, que consideran «muy complicados» de conseguir, y han instado a apostar por el ganado menudo -«cabras y ovejas»-, aunque para ello también defienden que se retire la protección del lobo y controlar el número de ejemplares.
«Si el monte está limpio, el monte no arde», ha resumido la portavoz naranja, a lo que el consejero ha respondido que «siempre va a haber combustible» para quienes ha calificado de «terroristas ambientales».
El partido más crítico ha sido Vox, cuyo diputado Armando Blanco ha acusado al Gobierno regional de desarrollar políticas «antiganaderas» que «están haciendo desaparecer el mundo rural» y ha pedido al consejero hacer «autocrítica» sobre si se está actuando correctamente frente a los incendios, «porque las estadísticas dicen que no».
Y desde los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han remarcado el esfuerzo de la Consejería, que «no escatima» para acabar con esta «lacra que amenaza el patrimonio de Cantabria».
Javier García-Oliva (PSOE), que, como él mismo ha señalado, «discrepa» con el consejero en otros temas como la protección del lobo -que el socialista defiende-, ha agradecido su labor en esta materia. Además, ha coincidido en que algunos incendiarios son «delincuentes y desalmados, pero no todos», pues ha remarcado que hay un «componente cultural» en el medio rural, donde las quemas se han utilizado «toda la vida» para limpiar los montes.
Esto, a su juicio, se corrige con educación ambiental y con campañas de concienciación que sean «muy potentes». Al hilo, Blanco ha agradecido la aportación de García-Oliva ha coincidido en que, «para luchar contra los incendios, hay que luchar contra la costumbre y la indiferencia», además de que le confirmado que ya hay una campaña en marcha que verá la luz próximamente.
Por últinmo, la regionalista Ana Obregón ha destacado que la ganadería y el medio rural son «uno de los buques insignia del PRC» y ha ensalzado el incremento de medios humanos y materiales, aunque ha advertido a la oposición que «los recursos no son finitos».