Cantabria ha denegado el 10,4% de las solicitudes de indemnización por daños de lobo

El Gobierno regional «va a intentar sacar a licitación» el contrato para procurar la reapertura del matadero de Liébana

El Gobierno de Cantabria ha denegado provisionalmente este año el 10,4 por ciento de las solicitudes de indemnización presentadas por los ganaderos por los daños sufridos por ataques de lobo, aunque va a revisar los expedientes denegados de los dos últimos años.

Previsiblemente, este 2022 terminará con más de 2.000 expedientes de daños tramitados por el Ejecutivo, según ha indicado el consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, en el Pleno del Parlamento de este lunes, donde también ha avanzado que su departamento volverá a aprobar resoluciones para el control poblacional de lobos teniendo en cuenta los aspectos que la Justicia ha argumentado en las sentencias que han tumbado los anteriores.

Blanco ha respondido en la sesión de hoy en la Cámara a preguntas de la diputada no adscrita Marta García sobre el Plan Estratégico Nacional de Conservación del Lobo, al que Cantabria ha tenido que adherirse para poder los 1.600.000 euros que le correspondían del reparto a las comunidades para medidas de prevención e indemnizaciones.

A juicio de la diputada, el consejero ha «vendido a los ganaderos» al suscribir esta estrategia que recoge la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (LESPRE) por 1,6 millones que, además, «no van a poder cobrar» porque «no van a poder cumplir los criterios de la estrategia». Algo por lo que Blanco ha acusado a García de «demagogia», aclarando que la estrategia no es vinculante y que no hay «ningún requisito» derivado de ella para recibir las indemnizaciones.

Pero para ella «no tiene mucho sentido estar en contra del LESPRE y coger los fondos que van vinculados a la protección del lobo». Además, ha denunciado que, de los 1.778 expedientes por daños abiertos en 2022, todavía hay 382 sin resolver, a lo que ha sumado la «vergüenza» de los datos que indican que el Gobierno tarda 289 días y el seguro 185 en pagar las indemnizaciones.

García y Blanco se han hecho un cruce de acusaciones cuando la diputada ha tachado al titular de Ganadería de vivir «de fotos y de postureo», mientras que el consejero también ha opinado que ella utiliza las intervenciones en la Cámara para tener «un vídeo que colgar» para sus redes sociales y para «su nuevo jefe», en alusión al portavoz de Vox. Y es que, para Blanco, es una «aprendiz» de este partido y ya utiliza su «marcado mensaje».

MATADERO DE LIÉBANA

Por otra parte, el consejero, también a preguntas del PP en el Pleno, ha anunciado que el Gobierno «va a intentar sacar a licitación» el contrato para procurar la reapertura del matadero de Liébana después de que los anteriores procesos hayan quedado desiertos.

Para dar este paso, Blanco ha explicado que será necesario llevar a cabo nuevos estudios técnicos y de viabilidad y ha indicado que se va a trabajar en intentar hacer, «dentro de lo que la ley permite», «modificaciones y mejoras» en el contrato para ver si en esta ocasión sí puede adjudicarse. Se trata, según ha dicho, de intentar un «traje a medida dentro de las posibilidades legales».

Lo que sí ha negado es que, como preguntaba el PP, el Gobierno de Cantabria vaya a asumir directamente la gestión de este matadero, algo que, según ha dicho, la ley «no permite».

Además, Blanco se ha mostrado «asombrado» de que los populares planteen esa posibilidad cuando son, según ha dicho, los «adalides de la externalización».

Y después de que el PP se ha quejado de que el matadero esté cerrado, Blanco ha subrayado que fue gracias al PRC que esta instalación existe y ha señalado que se cerró en 2013, con un Gobierno del PP.

INICIATIVAS RECHAZADAS

Antes del apartado de control al Gobierno, el Pleno ha rechazado una iniciativa del PP que pedía ayudas para las panaderías y otra de Vox con medidas para «frenar el declive industrial» de Campoo. La primera ha recabado el apoyo de toda la oposición pero ha caído por el rechazo de los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta.

Y es que la oposición ha pedido apoyo para un sector que, según ha dicho, ha sido «abandonado» por el Ejecutivo cuando es «uno de los más afectados» por la subida de precios, que está llevando al cierre de muchas panaderías. Sin embargo, regionalistas y socialistas han respondido que tanto el presidente, Miguel Ángel Revilla, como los consejeros de Alimentación y de Industria, Guillermo Blanco y Javier López Marcano, se han reunido con el sector y se han comprometido a buscar soluciones de forma «coordinada».

También han remarcado que las líneas de ayudas «no se han olvidado» de las panaderías y han repartido 100.750 euros a 26 empresas que se han acogido a ellas.

Por su parte, Vox pedía elaborar un plan industrial para Campoo en el plazo de tres meses y estudiar la viabilidad de construir un puerto seco. Medidas que solo han recabado el voto de la diputada no adscrita Marta García pero que no han apoyado ningún grupo, si bien todos han compartido la «preocupación» por la situación de la comarca.

Sin embargo, en general, han opinado que es necesario primero tener un plan estratégico global para toda Cantabria y luego definir uno específico para la zona campurriana, y PRC y PSOE han remarcado al respecto que ya se está elaborando el Plan de Reindustrialización Sostenible que, como anunció en el Pleno anterior el consejero de Industria, Javier López Marcano, estará listo antes de que termine la legislatura.

Además, los grupos tampoco creen que la solución para reactivar la industria sea un puerto seco, como propone Vox.