Cantabria baja un 36% la lista de espera en dependencia en 2022 gracias al plan de choque

Cantabria bajó el año pasado un 36%% la lista de espera en dependencia gracias al primer año de despliegue del plan de choque puesto en marcha por el Gobierno central, convirtiéndose la tercera con una mayor reducción del país, solo por detrás del experimentado en La Rioja y Aragón, y mucho más intenso que el registrado a nivel nacional, que fue del 8,28%.

Así, se recoge el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y hecho público este viernes, en el que la comunidad autónoma deja de estar entre aquellas que se considera que mantienen paralizado su sistema de dependencia y no terminan de reponerse de la crisis de la pandemia del Covid.

Se aclara en el informe que esta decisión se debe, precisamente, al hecho de haber reducido su lista de espera en -2,5 puntos porcentuales respecto a 2021. Sin embargo, se indica que el exiguo crecimiento del 1,06% de personas atendidas respecto de 2021, apunta haberse conseguido a costa de: no reconocer derechos (-1,64%), no valorar personas dependientes (-1,16%) y de la no entrada de solicitudes (-0,40%).

En cuanto al limbo de la dependencia , es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, Cantabria se sitúa como la quinta posición con menos, con un 4,74%. En total, en la comunidad hay 1.614 personas en lista de espera, de las que 741 se encuentran pendientes de valoración.

Y en relación a los plazos de tramitación de un expediente, el informe indica que en Cantabria se sitúa en 197 días, una de las que se acerca al objetivo de los 6 meses máximo que establece la ley, y que solo dos comunidades autónomas han logrado por ahora: Castilla y Léon (125) y País Vasco (136). En España, la media es de 344 días que se tarda de media.

También señala que en 2022 Cantabria se convirtió ya en una de las seis comunidades donde se ha alcanzado un despliegue total de la Ley de Dependencia.

El informe señala que en el primer año del plan de choque (2021), diez gobiernos autonómicos «hicieron caja» con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado, entre los que no se encuentra el de Cantabria.

De hecho fue uno de los tres –junto con los de Asturias y Comunidad Valenciana) que incrementaron el presupuesto en materia de dependencia por encima de la variación de presupuesto propio de la AGE.

CANTABRIA, EN LOS ÚLTIMOS PUERTOS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN

En la escala de valoración de este XXIII Dictamen, Cantabria se sitúa a cierre de 2022 entre las últimas entre las comunidades autónomas, con 3,5 puntos, solo mejor que la Región de Murcia (2,4); Canarias (2,9) y lo mismo que Asturias y Cataluña.

El promedio nacional está en el 5,07, encabezando la valoración Castilla y León (8,5); Castilla-La Macha (7,9) y Andalucía (7,6)

Sin embargo, la comunidad autónoma mejora una décima respecto a diciembre de 2021, cuando tenía una valoración del 3,4.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021 y este ritmo, «se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite», señalan desde la asociación. Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.

«El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante», ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.

En concreto, lo ha atribuido a tres razones, la primera, la «desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles» o están siento «tan tacañas que han recortado el presupuesto» a pesar de recibir más fondos del Gobierno, mostrando una actitud «inmisericorde».

Otro motivo es, según ha indicado, la «telaraña burocrática» que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, en tercer lugar, ha apuntado el hecho de que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.

Según el documento, consultado por Europa Press, el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).

En cualquier caso, el informe también pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. En este sentido, los autores han apuntado que tras los años «desastrosos» de pandemia, «el plan de choque constata un cambio de tendencia».

Por territorios, las comunidades con mayor limbo de la dependencia , es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos, Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

Por otro lado, los autores del estudio valoran que las prestaciones y servicios son cada año «más low cost e insuficientes» para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, por ejemplo, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).

Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad «claramente insuficiente», según los autores del Observatorio.

Además, de los datos se desprende que, durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia –19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos–. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. «Un 20% de personas han fallecido esperando», han lamentado los autores.

LA BUROCRACIA, UN FRENO

En este sentido, subrayan que el Gobierno de España «cumple» con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero «la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario».

De esta forma, los autores del informe indican que «solo» hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año, y avisan que, al ritmo del último año se tardarían once años en lograr la plena atención.