Cantabria ayudará en la acogida de menores migrantes, pero pide aclarar condiciones y que «no se excluya» a ninguna CCAA

Cantabria «va a ayudar», dentro de «la medida de sus posibilidades» y de la «capacidad de sus recursos», en la acogida de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, pero ha pedido que se «clarifiquen» las condiciones y que «todas las comunidades sean solidarias» y «no se excluya a nadie».

Así lo ha señalado este lunes, a preguntas de la prensa, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), que ha reclamado que este problema se aborde «de forma seria y responsable» y se «determine, de una vez por todas», el régimen jurídico» de la acogida y se clarifiquen las condiciones.

«Efectivamente seguimos siendo solidarios, pero siempre y cuando se adopten decisiones que eviten el sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y que se tomen medidas en los países de origen para evitar que sufran los peligros de las mafias que abusen de estos niños. Lo que necesitamos son decisiones claras y profundas», ha dicho.

Ya en febrero, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, expuso que la comunidad se oponía «rotundamente» a los criterios de reparto y además que sean fruto de la «imposición» y «a la fuerza», vía decreto tras el acuerdo al que llegaron el Estado y Canarias, en que dos comunidades quedaban «excluidas» de esa distribución.

Así, Cantabria se negó «en redondo» a los criterios consensuados en ese momento entre el Ejecutivo central y el archipiélago para trasladar a 4.500 menores migrantes, teniendo en cuenta la población y esfuerzo de acogida, y con los que Cataluña y País Vasco -«las de siempre»- tendrían menor participación.

La presidenta censuró que estos criterios no se debatieran en Conferencia Sectorial cuando, a su juicio, es un asunto que se debe decidir «entre todos», procurando la integración social y laboral de estos menores. Se mostró partidaria de un reparto «ordenado», dentro de un plan «integral» y desde el consenso entre el Estado y las comunidades, «sin privilegios y sin exclusiones», y dotado también con financiación y recursos «suficientes».