Cantabria aprueba su plan estadístico 2021-2024, que contará con perspectiva de género
El Gobierno estudia la posibilidad de dotar al ICANE de una sede propia que, en principio, estará fuera de Santander
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la ley del cuarto plan estadístico regional, el correspondiente al periodo 2021-2024, que prevé la realización de 175 operaciones y que, como una de sus novedades, incluirá la variable «sexo» en las estadísticas que se lleven a cabo para contar con la perspectiva de género y «visibilizar y medir» la brecha de género.
Además, otra de las novedades recogidas en las más de 200 páginas de la nueva Ley, afecta a la captación de información de información estadística y se contempla como «alternativa» a la recogida de datos de manera tradicional, la investigación en la utilización de bases de datos masivos ( big data ) procedentes de fuentes públicas o privadas, redes sociales o internet, según ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), durante la presentación del texto desde la tribuna.
La ley del plan estadístico es, según ha recordado la consejera, el «principal instrumento de ordenación y planificación de la estadística de interés en la comunidad y de las actividades estadísticas que prevé el propio documento».
Se estructura en torno a cuatro capítulos. El primero relativo a la ordenación y planificación de la estadística de Cantabria, además de la obligatoriedad del suministro de la información, así como la defensa del secreto estadístico; el segundo sobre las líneas estratégicas del plan, haciendo referencia a la colaboración institucional; la calidad de las estadísticas producidas; la difusión y comunicación de las estadísticas; la atención a los usuarios y la captación de la información estadística.
El tercer capítulo establece las áreas, los objetivos generales y específicos, así como las actividades estadísticas del plan. Todos ellos se enmarcan dentro de cinco grandes áreas de análisis como son la población; la cohesión social; el medio ambiente y la sostenibilidad; las cuentas y macro magnitudes económicas; y, por último, las actividades estadísticas instrumentales, comunicación y difusión estadística, y el último capítulo regula la ejecución del plan a partir de la realización de las actividades estadísticas y de losprogramas anuales.
APROBADAS DOS ENMIENDAS DEL PP Y UNA TRANSACCIONAL
Al proyecto de ley del Gobierno regional, se presentaron cinco enmiendas, todas ellas del PP, de las, durante el debate en comisión, fueron aprobadas dos de carácter «técnico».
Además, en relación a otra de las enmiendas, populares y socialistas acordaron una transaccional dirigida a la inclusión de algunas nuevas operaciones estadísticas sobre algunos aspectos económicos y sociales «de actualidad», como, por ejemplo, la producción y el consumo energético; las personas sin hogar; las características de la población inmigrante, el volumen de juegos y apuestas, la licitación de obra pública, la inserción laboral de los titulados en Formación Profesional o, en sanidad, la lista de espera quirúrgica por prioridad o la actividad asistencial en Atención Primaria y Especializada.
En esta transaccional acordada, se establece que, antes de incluir estas nuevas operaciones, el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) analizará la viabilidad de hacerlo o no por cuestiones de operatividad o disposición económica.
Y es que, según ha señalado el diputado del PRC Francisco Ortiz, la realización de estadísticas supone una aportación económica por parte del Gobierno de Cantabria de 3,2 millones de euros anuales.
Al debate de hoy en el Pleno han llegado vivas las dos enmiendas del PP que no fueron aprobadas en comisión y que hoy han sido definitivamente rechazadas por los votos en contra del PRC, PSOE y Cs. Solo los dos diputados de Vox y los propios parlamentarios populares votaron a favor de ellas, por lo que no han salido adelante.
En una de las rechazadas, el PP pedía que el programa de inversiones que incluye el plan estadístico, antes de ser aprobado definitivamente, contase con el visto bueno del Consejo Cántabro de Estadística, y en la otra proponía que en el momento de la aprobación de cada programa anual, éste se acompañase de una evaluación, a esa fecha, del programa del año en curso para ver si se estaban cumpliendo los objetivos. Ambas cuestiones han sido desechadas.
SEDE PROPIA DEL ICANE
Durante su intervención, la consejera ha anunciado que el Gobierno de Cantabria está «estudiando la posibilidad» de que el ICANE disponga de una sede propia y definitiva en la que pueda ejercer con mayor comodidad sus funciones.
Además, ha avanzado que dicha sede, presumiblemente, estará fuera de Santander, dentro del proceso de descentralización de los servicios planteado por el Ejecutivo «para contribuir a la dinamización de los municipios de la región».
CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y DECRETO DE EVALUACIÓN
Tras la aprobación de esta ley, la sesión matutina del Pleno ha debatido dos mociones contrarias a la reorganización de los centros de interpretación de la naturaleza que quiere acometer el Gobierno regional y al nuevo Decreto de Evaluación aprobado recientemente por el, presentadas por PP y Vox, respectivamente.
Ambas iniciativas han contado con el mismo resultado: 20 votos en contra de los grupos que sustentan al Gobierno cántabro, PRC y PSOE, y 14 a favor de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), por lo que no han salido adelante.
Los populares pedían al Gobierno rectificar y suspender el concurso que está tramitando para seleccionar a una empresa que gestione la atención al público en ocho centros de interpretación, a través de un contrato que tiene un importe de 4,9 millones de euros para prestar el servicio durante 60 meses.
Tanto PP como Cs y Vox han defendido que en este proceso se mantenga el puesto de los 70 trabajadores de estos centros, que ya han protestado en varias concentraciones y han celebrado una huelga en el puente de diciembre porque «no saben qué va a ser de su futuro», pero regionalistas y socialistas han reiterado que sus empleos están «garantizados» y que así lo recoge el Presupuesto para 2022, por lo que han pedido no generar «ruido» ni «dudas» al respecto.
También han aclarado que la intención con el nuevo concurso únicamente es «unificar» y «mejorar» la gestión de los ocho centros del Gobierno, ya que hasta ahora algunos estaban gestionados por el CIMA y otros por la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Y en cuanto a la segunda moción, Vox pretendía que el Parlamento mostrara su rechazo hacia el nuevo Decreto de Evaluación, que supone eliminar los exámenes de recuperación en Secundaria, permite obtener el título de Bachillerato con alguna asignatura suspensa y contempla la repetición de curso como algo excepcional.
Los tres partidos de la oposición han opinado que esto supone trasladar a los alumnos que «el esfuerzo no es necesario», y han apostado por fomentar «la cultura del esfuerzo, el mérito y el trabajo» en lugar de la «mediocridad» que creen que va a traer este nuevo sistema.
Por contra, PRC y PSOE han defendido que con este modelo también se exige esfuerzo y que éste no se debe circunscribir únicamente a las pruebas escritas.
Además, han apuntado que repetir curso fomenta el abandono escolar y que los alumnos requieren de nuevas técnicas de aprendizaje porque a pesar de tener buenos expedientes a algunos «les faltan competencias» como la empatía, inteligencia emocional o capacidad de liderazgo, habilidades que «quizá en los libros no vienen recogidas».