Cantabria ahorrará 5 millones en 10 años con la Ley de Eficiencia de la Justicia, según el Ministerio
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 5 millones de euros para Cantabria en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, según un estudio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Su implantación, en cambio, solo requeriría en este momento una inversión de alrededor de 258.000 euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Así se desprende del análisis realizado por el Ministerio para presentar este viernes en la Conferencia Sectorial convocada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia, cuyo pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, ya que varias comunidades -entre ellas Cantabria- han decidido no participar por la «falta de compromiso» del ministro, Félix Bolaños, en asuntos «que realmente importan» en la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Así, los gobiernos autonómicos no han podido escuchar las cifras del citado estudio. No obstante, el Ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos.
5 MILLONES DE EUROS DE AHORRO EN 10 AÑOS
El estudio realizado por el Ministerio detalla que, en Cantabria, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 5 millones de euros en 10 años.
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc.), con un coste de 400.000 euros.
Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euros, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.
La inversión que el Ministerio ya ha realizado en Cantabria para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia asciende a 8 millones de euros -procedentes en su mayoría de fondos europeos-, una cifra que señala como «histórica» para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo.
Por otra parte, se requiere un esfuerzo de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. «En el caso de Cantabria, es del 0%», añade la Delegación del Gobierno.
Los avances realizados en las nueve líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el Ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma «profunda» de la organización judicial para hacerla «más ágil y flexible» y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.
La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.
