Canarias propone regular por ley el uso de la vivienda vacacional en las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias liderará en los próximos meses la redacción y aprobación de una ley que regulará el uso turístico de la vivienda en Canarias y dará una base jurídica al alquiler vacacional.

Así lo ha confirmado este martes en el Parlamento regional la consejera responsable del área, Jéssica de León, quien ha explicado que esta iniciativa se articulará entre distintos departamentos del Gobierno autonómico, pues aborda no solo competencias turísticas, sino también de vivienda, ordenación del territorio, medioambiente o protección de los consumidores.

De León ha comparecido ante el pleno del Parlamento, a petición del Grupo Popular, para explicar la situación en la que se encuentra la normativa del alquiler vacacional en las islas, un fenómeno que, destacó, ha experimentado «un despegue notable en su oferta» y ya representa el 33% de la oferta alojativa en las islas, con más de 42.000 viviendas y 179.000 camas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2023.

«Estas cifras sitúan a Canarias como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de vivienda turística de España, solo por detrás de Baleares», apuntó De León, quien mostró su preocupación por el crecimiento que se ha dado en municipios como La Oliva (Fuerteventura) o Yaiza (Lanzarote), en los que se destina el 30,78% y el 17,68% de las viviendas a uso turístico, respectivamente.

Según denunció la consejera, a pesar de este incremento, que ha tensionado el mercado residencial, el alquiler vacacional sigue regulado en Canarias por un reglamento que tiene más de ocho años (Decreto 113/2015) y un contenido «muy limitado» que se vio reducido por varias sentencias, como la que dictó en 2018 el Tribunal Supremo, que eliminó parte del texto.

Además, sostuvo De León, el decreto no contempló ninguna planificación, –ni turística, ni urbanística, ni territorial– y las condiciones que impuso fueron «de mínimos», sin distinción de categorías, modalidades o algún otro estándar cualitativo.

Esta deficiencia normativa, matizó la consejera, no es exclusiva del alquiler vacacional, sino que afecta a la legislación turística en su conjunto, pues los decretos y las leyes que regulan esta actividad en Canarias tienen entre ocho y 27 años de vigencia.

«Fueron útiles en su momento pero en 2023 han quedado obsoletos y no responden a las demandas de una sociedad que pide cambios y defiende un modelo turístico que avance cada vez más hacia la sostenibilidad», subrayó De León.

En su opinión, este panorama justifica el impulso de una nueva norma que no se limite sólo a actualizar el decreto del alquiler vacacional, sino que sea más ambiciosa y ordene, con rango de ley, el uso turístico de la vivienda en su conjunto.

Esta iniciativa convertirá a Canarias en la segunda comunidad autónoma de España en regular por ley esta modalidad alojativa –después de Baleares–, ya que en el resto del país se regula a través de reglamentos, recoge una nota de su Consejería.

«Hay una realidad que debemos abordar de frente, con regulación, sin demonizar a nadie. Actuando con bisturí, con sumo cuidado para no dejar a nadie fuera», explicó De León.

PROTECCIÓN A LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS

La Consejería de Turismo y Empleo se pondrá al frente de la redacción de esta ley, que tendrá un marcado carácter transversal.

Como parte de los primeros trabajos, este jueves se celebrará en Gran Canaria una comisión de estudio en la que intervendrán los siete cabildos, administraciones públicas regionales y municipales, expertos del sector, representantes de universidades y colegios profesionales.

De León aprovechó la comparecencia en el Parlamento para dejar claro que la norma protegerá a los pequeños propietarios que tengan en este tipo de alojamiento un complemento a la renta y señaló que entre sus objetivos, la nueva ley marca «poner coto a la oferta irregular».

«Está en juego nuestra sostenibilidad, la protección del entorno urbano, el derecho a una vivienda digna, la calidad de vida de la ciudadanía o el empleo en el sector turístico y no podemos mirar más hacia otro lado», concluyó la consejera.