Canarias estudia la capacidad real para acoger a menores migrantes para plantear la instalación de carpas en los puertos

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado, va a solicitar a las organizaciones dedicadas a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que llegan al archipiélago la «capacidad real» que hay para, en función de ello, «empezar a poner las carpas en los puertos».

Así lo ha trasladado Clavijo, en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro en Madrid con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, CEAR, Asociación Convive Fundación CEPAIM y Asociación ACCEM, y después de considerar que previsiblemente este martes el Gobierno de España no lleve al Consejo de Ministros el decreto ley para afrontar la emergencia migratoria actual de las islas.

«Si llegan –menores– como nos llegaron en el mes de octubre, que hubo una media de 100 menores diarios. ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar, no podemos dejarlo en la intemperie», apuntilló para agregar que este miércoles el Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario aprobará un plan de choque para incorporar a 22 personas con el fin de «desatascar el caos» en el que está el archipiélago en estos «momento por incapacidad de gestionar pues los cinco mil y pico menores».

Cuestionado por la posibilidad de ir a la justicia, admitió que esto lo dará «el día a día», lo que ocurra «en las próximas semanas y en los próximos meses», afirmando que «si no hay una respuesta rápida» ante las previsiones que se manejan en cuanto a afluencia migratoria, llegará un momento en el que las islas estén «totalmente sobrepasadas» y habrá que «analizarlo jurídicamente» porque lo que «no» se va a poner en peligro «de manera consciente» es la integridad de los derechos de los niños.

Mientras tanto Clavijo aseguró que su gobierno, con la colaboración del tercer sector, va a seguir trabajando durante todo el mes de agosto para si hay algún otro Consejo de Ministros «se pueda llevar el decreto ley» o si se consigue cerrar el acuerdo –de Gobierno de España y PP– «para meter esa proposición de ley en los primeros días de septiembre».

Aún así incidió en que es el decreto ley lo que se necesita para «poder atender la emergencia» ahora y que «va a verse agravada en los próximos meses», mientras que la proposición de ley, matizó, «es un texto que lleva ya una visión un poco más reposada y profunda que va a permitir, pues en este caso que los grupos políticos presenten enmiendas y demás».

Todo ello con el objetivo final que, «no es ni más ni menos, que garantizar el interés general de los niños y de las niñas en la situación» en la que se encuentran actualmente.

Clavijo resaltó que entre las principales dificultades para se apruebe el decreto ley está la financiación, es decir, la de «fijar un número mínimo de recursos que las comunidades autónomas tienen que tener en base a los criterios que se decidan».

Añadió que en lo que se refiere a la Conferencia de Presidentes, que el Partido Popular solicitaba, «ya está resuelto porque va a ser en el mes de septiembre pero que tampoco está siendo muy obstáculo» porque, apuntó, debe ser «una respuesta de país a un fenómeno humanitario», por lo que subrayó que «no puedes hacer una modificación legislativa sin llegar a un amplio acuerdo porque luego las comunidades autónomas van a tener que colaborar».

«ES NECESARIO ALIVIAR» LA SITUACIÓN DE CANARIAS

Por su parte, el director de Save the Children en España, Andrés Conde, ha indicado que las entidades sociales consideran que «es necesario aliviar» la situación migratoria de Canarias y encontrar una solución «estable» para los menores, así como piden la corresponsabilice a todas las comunidades autónomas «en algo que ahora mismo está soportando Canarias casi exclusivamente».

Añadió que desde el tercer sector se ha expuesto los problemas detectados tanto en la solución, en la ley de extranjería propuesta, como en el trabajo diario sobre el terreno, en las islas, con las personas que llegan, aunque son cuestiones que, dijo, el Gobierno canario «lógicamente lo conoce perfectamente».

«Estamos trabajando con muchísima sintonía y unidad en intentar dar respuesta a algo muy difícil», apuntilló.

Respecto a la solución jurídica apuntó que «puede ser diferente» e incidió en que lo «importante es, desde luego, aliviar lo antes posible la situación de congestión» que existe en Canarias y trabajar para encontrar una «solución estable».

Advierte de que esto «no es un problema puntual», si no que «va a volver a ocurrir y va a volver a ocurrir en otro lugar», señalando que si bien lo que está pasando en Canarias ahora «es extremo», se ha vivido antes también en Ceuta o Andalucía y «va a continuar pasando» en España porque es frontera sur.

«Entonces, es fundamental encontrar una solución política a nivel estatal que compartan las comunidades autónomas y que resulte estable. Todos los países que enfrentan situaciones migratorias complejas viven gracias a planes de contingencia y a mecanismos estables de solución. Esto es lo que nuestro país todavía no tiene, por lo que la Presidencia del Gobierno de Canarias está intentando luchar y que resulta imprescindible desde la óptica de las entidades sociales», apostilló.

LAS «DIFICULTADES SON ENORMES»

Por otra parte, Conde expuso que en el terreno las «dificultades son enormes y son provocadas por el número, no es otra cosa», de inmigrantes que llegan. «Es dificilísimo, con llegadas constantes, arbitrar infraestructuras de acogida, conseguir profesionales formados para la protección, garantizarles itinerarios tanto educativos como de integración social, imposible con las y con los números que está manejando Canarias», subrayó.

De ahí que entiende que es «esencial un traslado, una corresponsabilidad» de las diferentes comunidades autónomas, porque «no» se puede manejar una situación de esta dimensión «con los recursos que tiene Canarias pero tampoco con los que tiene cualquier otra comunidad autónoma», por lo que abogó por una «responsabilidad compartida por todo el Estado».

Finalmente, entiende que todavía hay recorrido de negociación y afirma tener la esperanza, igual que el presidente de Canarias, que se va a llegar a una solución.