Canarias acudirá al TC para defender sus plenas competencias en materia de Costas ante el «desacuerdo» con el Estado
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22
El Gobierno de Canarias ha optado por acudir al Tribunal Constitucional (TC) para defender sus «plenas competencias» en materia de Costas ante el «desacuerdo» que existe en este asunto con el Estado.
Así lo anunciado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, al término de la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrada este lunes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria.
La representación del Gobierno de Canarias en esta reunión ha estado encabezada por el presidente Fernando Clavijo, acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.
Mientras, en nombre del Estado han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y el secretario Estado de Medio Ambiente. Hugo Morán Fernández.
En este sentido, el canario lamentó la «falta de voluntad política» del Estado que persiste en este conflicto competencial pese a que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo canario la gestión exclusiva del litoral del archipiélago.
«CHOQUE FRONTAL» EXISTENTE EN ESTE ASUNTO
Rodríguez afirmó que durante el encuentro se ha constatado el «choque frontal existente sobre este asunto», lo que obliga a la comunidad autónoma a «acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva».
En un comunicado, el Gobierno de Canarias ha resaltado que el encuentro se ha saldado con un «desacuerdo» con los representantes del Estado, ya que, apunta, los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis «jurídica» de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando «se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo».
Por el contrario, la CCAA considera que esa posición «choca frontalmente» con el Estatuto de Autonomía, algo que Canarias defenderá ante el Tribunal Constitucional.
Con todo, Rodríguez ha agradecido a los representantes del Estado el «bueno tono» mostrado en la Comisión Bilateral, pero también ha calificado de «decepcionante» que el Gobierno español haya rechazado las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto competencial.
«Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral», ha subrayado.
INFORMES A FAVOR DE CANARIAS
El Gobierno de Canarias sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.
Aquí, el consejero señaló que el 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un dictamen en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera «invade la competencia» de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el real decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas.
El Consejo Consultivo estimó que tanto el Estatuto como el real decreto disponen que «toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias».
En consecuencia, el Ejecutivo regional entiende que su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que «restaure el orden constitucional quebrantado».
Con ese amparo jurídico, el Ejecutivo autonómico ha dado ya todos los pasos previos preceptivos para poder acudir al Tribunal Constitucional en defensa su gestión exclusiva sobre el litoral en el caso de que no se alcanzara un acuerdo con el Estado. Hace dos semanas, presentó ya ante el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento denunciando la invasión de las competencias de Canarias en materia de Costas en la resolución dictada por este departamento el pasado de 27 de febrero de 2024.
Finalmente, tras el desacuerdo plasmado este martes en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico esperará ahora a que el Consejo de Ministros rechace su requerimiento sobre este conflicto, algo que se prevé que ocurra dentro de una semana.
A partir de ahí, el Ejecutivo canario apuntó que la comunidad autónoma tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.