Considera que la autorización otorgada por el Gobierno de Cantabria «ha devenido suspendida» y advierte a Biocantaber de posibles multas

El Ayuntamiento de Campoo de Yuso ha ordenado la paralización «inmediata» de los sondeos geoténicos que está realizando Biocantaber, la promotora del parque eólico del Escudo, en el lugar donde se ubicará la instalación, y ha incoado un expediente «para la adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística».

De esta forma, el Consistorio, a través de un Decreto de Alcaldía fechado ayer, 29 de marzo, ha estimado la solicitud de paralización presentada por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica al considerar que, aunque estos sondeos fueron autorizados por la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria el pasado enero, dicha autorización «ha devenido suspendida».

Y ello se debe, según ha apuntado el Ayuntamiento, al no haber respondido la Administración regional, en el plazo establecido (un mes), al recurso que presentó en febrero dicho colectivo, tal y como se establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, el Consistorio ha señalado que la declaración responsable realizada por la empresa para ejecutar los trabajos no tiene pleno efecto ya que «no se han contestado los requerimientos de aporte de documentación efectuados» por el Consistorio.

«Considerando que no se ha aportado toda la documentación requerida, las actuaciones que se están ejecutando en la Sierra del Escudo no pueden considerarse como legitimadas», ha indicado el Decreto de Alcaldía, difundido por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y consultado por Europa Press.

ADVIERTE DE POSIBLES MULTAS

En el Decreto de Alcaldía, fechado el miércoles 29, se indica que el Ayuntamiento podrá precintar las instalaciones, retirar materiales a costa del interesado, ordenar a las empresas de servicios energéticos la suspensión del suministro e imponer multas coercitivas –reiterables en periodos de tres meses hasta un máximo de diez y por un importe, cada vez, de un 10% del coste estimado de las obras realizadas–.

Además, ha advertido de que si las obras fuesen disconformes con el planeamiento se decretará su demolición, reconstrucción o en su caso, el cese del uso a costa del interesado. También se otorga un plazo de 15 días a la empresa para presentar alegaciones.

En un comunicado, la Plataforma que solicitó al Ayuntamiento la paralización de dichos sondeos, ha insistido en que éstos son «ilegales» y Biocantaber –sociedad formada por Iberdrola, Banco Santander y Ocyener– no cuenta con «los permisos necesarios, cometiendo varias irregularidades».

Ha indicado que, con este Decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso se suma a las peticiones de la Junta Vecinal de Resconorio; de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, de los vecinos» de paralizar estas «prospecciones ilegales», que ya han denunciado también ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, por encontrar «diversas irregularidades en su expediente».

Además, ha señalado que Biocantaber es «reincidente en estos hechos» ya que, según ha apuntado, otras prospecciones similares fueron detenidas en febrero de 2022 por los ayuntamientos de SanMiguel de Aguayo y Molledo.

Respecto a los sondeos realizados, ha indicado que «lo que más preocupa a los ayuntamientos y vecinos son los daños causados en las turberas donde la empresa promotora se encontraba realizando los sondeos ilegales».

La Plataforma ha señalado que la Declaración de Impacto Ambiental «impide realizar estas prospecciones en zona de turberas y les obliga abalizar estas comunidades vegetales», algo que, según ha asegurado, no ha realizado la empresa tal y como –dice– «constataron» el pasado martes los vecinos y agentes del Seprona que se desplazaron hasta la Sierra de El Escudo.

Además de no haber realizado el balizamiento, ha señalado que a pocos metros de la ubicación de la maquinaria, e incluso en el mismo borde detierra levantado por el sondeo, había encharcamientos con especies conforman hábitats de interés comunitario prioritarios para la Unión Europea, «cuya destrucción incumple la Directiva Hábitat».

«La empresa estaba perforando encima de un ecosistema fundamental para la lucha contra el cambio climático y que cuenta con lamáxima protección europea», ha denunciado la Plataforma, quien ha añadido también que Iberdrola, Banco Santander y Ocyener «incumplen el requerimiento de documentación administrativa, incumplen su propia documentación de proyecto y no tienen respeto por el medio ambiente ni por los hábitats de especial protección».

A juicio de la Plataforma, estas actuaciones «deberían sersancionadas por las autoridades del Gobierno autonómico de manera ejemplar».

Este colectivo confía en la «profesionalidad» de los técnicos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para que paralicen la construcción del parque eólico El Escudo en una zona de especial protección, un proyecto que la Plataforma ha tildado de «barbarie».

De hecho, ha invitado a los técnicos de la CROTU a visitar la zona y «no dejarse influir por las presiones de la empresa promotora una vez visto su modo de actuar».

Además, ha solicitado a la Consejería de Cultura que agilice el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de los últimos yacimientos arqueológicos encontrados en la Sierra del Escudo en el Mediajo Frío, «de gran interés científico y cultural, formando todo ello un conjunto arqueológico y cultural sin parangón en Cantabria».

Por su parte, la empresa promotora del parque informó ayer que habóa denunciado ante la Guardia Civil la quema, en la noche del 28 al 29 de marzo, de la maquinaria con la que se están realizando las catas geológicas previas a la construcción del parque.

La asociación ha condenado lo que califica como un «sabotaje temerario» y ha responsabiliza del mismo a los colectivos antieólicos, que el martes se dirigieron, según explicó en un comunicado, «de manera intimidatoria» a los trabajadores avisando de que paralizarían las obras, según explica.