Campo afirma que no se está tramitando ningún indulto de presos del procés pero que «cuando les llegue el turno se hará»

Sobre inactividad en juzgados: «El tiempo perdido a la administración de Justicia es un tiempo ganado a la vida»

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido este jueves en el Senado a la decisión adoptada por el Gobierno de exceptuar de la suspensión de plazos administrativos la gestión de las peticiones de indulto, y la ha desvinculado de una posible decisión de las peticiones presentadas en favor de condenados por el procés independentista en Cataluña».

«Vimos que con el volumen de atraso que hay no tenía sentido la suspensión, porque se tramitan de forma no presencial y el retraso podría general problemas en relación con prescripciones de pena», ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, para añadir que «ni siquiera los que están en la mente de todos están tramitados porque ninguno está tramitándose, cuando les llegue el turno se hará».

Por otro lado, el ministro ha justificado este jueves en la especial situación de emergencia sanitaria por covid-19 la inactividad que se arrastra en los juzgados y tribunales desde el inicio del estado de alarma -sólo se están llevando determinados procedimientos a los que se dio la categoría de esenciales-. «El tiempo perdido a la administración de Justicia es un tiempo ganado a la vida», ha afirmado.

Campo ha respondido de este modo durante el turno de réplica en su intervención en la Comisión de Justicia del Senado, frente a las críticas vertidas por la práctica de portavoces de la oposición en relación con el parón en Justicia en los últimos tres meses.

«La Justicia no ha cerrado, ha dejado un poquito la puerta abierta para los servicios esenciales», ha contestado el ministro, que ha añadido que todo ello se logró de forma unánime con todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia, que llegaron a la conclusión de he había que eliminar a casi el 90 por ciento de la plantilla en puestos presenciales en los juzgados para seguir las recomendaciones sanitarias.

En cuanto a la desescalada, ha defendido que se ha planeado igualmente con la unanimidad de las comunidades autónomas y alineadas con Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

REINICIO DE PLAZOS PROCESALES

Así, ha señalado que a día de hoy ya se ha incorporado a los juzgados aproximadamente el 30 por ciento de la plantilla y que el reinicio de los plazos procesales, previsto para el próximo 4 de junio, coincidirá con la fase de desescalada en Justicia que establece que los órganos judiciales ya tengan entre el 60 y el 70 por ciento de los funcionarios incorporados.

Sobre las reclamaciones sobre la dificultad de poner en marcha vistas telemáticas, Campo ha reconocido que la Justicia arrastra un «retraso secular», pues se cuenta con instrumentos telemáticos que no son como los de otros ámbitos de la vida administrativa española. En esta realidad ha enmarcado el real decreto para evitar el colapso en Justicia aprobado la semana pasada por el Congreso, que incide en esta realidad.

Finalmente, el titular de Justicia ha defendido la legalidad del Estado de Alarma donde, ha afirmado «no hay devaluación del estado de derecho, no hay suspensión de derechos» sino actuaciones que «mitigan la libertad deambulatoria», puesto que todos nos hemos podido mover, comprar o ir al médico. «A veces hemos leído muy rápido el decreto de alarma dice que nadie pierde sus competencias».