Calvo recalca que el rey Juan Carlos no está fugado y que su coste para el Estado es el mismo que si residiera en España
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles en el Congreso que el rey Juan Carlos no está fugado ni huido de la justicia y ha insistido en que el coste que supone para el Estado su estancia en Emiratos Árabes, donde se trasladó el pasado mes de agosto, es el mismo que si residiera en España.
De esta forma ha respondido Calvo en la Comisión Constitucional del Congreso a diversas críticas que han efectuado tanto Unidas Podemos como las formaciones independentistas, que han censurado que el rey emérito se haya fugado «acorralado por los escándalos de corrupción» y han criticado que Patrimonio Nacional está haciéndose cargo de los sueldos de tres asistentes que ayudan al Rey emérito en su día a día.
La número dos del Ejecutivo ha querido dejar claro que el Rey emérito no está fugado ni huido de la justicia y ha pedido en este sentido a los partidos citados a que sean «rigurosos» y «no falten a la verdad». «Está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de españoles, nos guste o no otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública, con razón», ha dicho.
SÓLO SE LE PAGAN TRES ASISTENTES
Además, ha señalado que su estancia en Abu Dhabi «no se financia con recursos públicos» y que sólo se sufraga con dinero público los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería el mismo en caso de que Juan Carlos I residiera en nuestro país.
Y ha insistido, una vez más, que el Rey emérito cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con esa ayuda asistencial en su condición de ex Jefe del Estado, al igual que los expresidentes del Gobierno, pero que no recibe ninguna retribución porque no tiene ninguna actividad pública.
Además, la vicepresidenta ha precisado, frente a las peticiones a algunos partidos de la oposición, que el Gobierno no se plantea una ley de la Corona y que en lo que está trabajando es posibles modificaciones en materia de transparencia «para adecuar la Monarquía a los niveles de exigencia éticos actuales de la sociedad española».
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