Calvo pide al Supremo que ayude tras el estado de alarma y rechaza «debates espúreos y banales»

Critica que nunca hasta ayer se había conocido un informe interno del TS y revela que habló con Lesmes

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el Tribunal Supremo debe ayudar en la nueva fase que se abrirá el domingo tras el estado de alarma, y ha rechazado abrir «debates espúreos y banales», tras hacerse público un informe técnico del alto tribunal cuestionando el real decreto ley del Ejecutivo para dejar en sus manos la última palabra sobre las medidas de las comunidades autónomas contra la pandemia.

En declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntada por esas críticas, Calvo ha defendido que el papel del Supremo ahora debe ser ayudar, como el resto de instituciones y poderes del Estado, para que las comunidades autónomas «caminen seguras» en al adopción de sus medidas contra la pandemia, y ha defendido la constitucionalidad del decreto.

«Cada quien debe arrimar con lo mejor de sí mismo en esta situación. Hay que ir moviendo este país a la salida de todo esto y todos tenemos que ser profundamente responsables y no hacer de cada cosa un debate espúreo y banal», ha avisado.

Tras criticar que «nunca» en su vida ha conocido un informe interno del Supremo como que el se hizo público este jueves, Calvo ha revelado que ella misma habló con su presidente, Carlos Lesmes, «para compartir con él», sin concretar los detalles de esa conversación.

EL DECRETO «EMPODERA» AL TS

«Este real decreto reconoce el lugar fundamental de Supremo, lo empodera, y desde el punto de vista social, le pude a todos, también al Supremo, que ayude para que las comunidades caminen hacia donde consideren, según sus datos», ha apostillado.

Lo que no se puede hacer «en plena pandemia», según Calvo, es «hacer debates de esta naturaleza». «Creo de verdad que estamos en la obligación de dar lo mejor de nuestra parte porque se sigue tratando de evitar muertes y avanzar en tener cierta normalidad», ha apuntado.

«Sé que resulta muy fácil entrar en todo esto, pero no es la misión del Gobierno ni la mía», ha asegurado, antes de defender que el real decreto también alarga tres meses más medidas de protección social. «Tratamos de seguir ayudando», ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que, después de que hasta ahora haya sido el Gobierno «el que ha asumido en exclusiva» la responsabilidad jurídica, ahora es momento, a su juicio de avanzar hacia otra fase.

«EL QUE NO AYUDE, SE COLOCA DONDE SE QUIERA COLOCAR»

«Y todo el mundo tiene que ayudar. El que no ayude se coloca a sí mismo en el lugar que se quiera colocar, pero la gente nos pide unidad, coordinación», ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido «sosiego y calma» al tiempo que ha defendido que «el decreto es tremendamente constitucional». «No hay nada que pueda ser tachado de anticonstitucional, lo único que hace es empoderar al Tribunal Supremo», ha sostenido.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Campo ha explicado que el real decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno para que el TS tenga la última palabra sobre las restricciones sanitarias habilita al Supremo «para ejercer su rol constitucional, que es la unificación de doctrina».

«Algo», ha continuado el ministro, que «se ha venido siempre reclamando no solo en los sectores jurídicos», y que permite que «situaciones iguales» en distintos territorios «tengan el mismo tratamiento en toda España». «Solo puede merecer el aplauso», ha opinado Campo.

En este contexto, el titular de Justicia ha quitado importancia a los problemas planteados por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo asegurando que se queda con las declaraciones y la «nota aclaratoria» del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa». «La clave en esto, como en todo en la vida, es tener sosiego: no pasa nada», ha opinado.

JUSTICIA REFORZARÁ AL TS SI HACE FALTA

Preguntado sobre las dudas del TS sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto-ley, Campo ha abierto la puerta a que el Ministerio de Justicia refuerce la «sala con personal» para que el tribunal pueda resolver a tiempo.

Con todo, los plazos no pueden «servir como excusa» para no cumplir, ha advertido Campo, que se ha mostrado «convencido» de que el Supremo «aportará todas sus energías para que esos cinco días sean suficientes».