Calvo condena el asesinato machista de Móstoles: «La violencia de género es el asunto de seguridad más grave»

Llama a afrontar desde la «unidad» este «gravísimo» problema y critica a «la ultraderecha» por negar la violencia de género

La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado el asesinato anoche en Móstoles (Madrid) de una mujer a manos de su pareja, que también mató a la hija de ambos de 6 años, y que se investiga como posible crimen de violencia machista, y ha pedido afrontar desde la «unidad» el que, a su juicio, es «el asunto de seguridad más grave que tiene España».

Así lo ha afirmado en declaraciones a los periodistas Calvo justo antes de inaugurar este lunes en Santander unas jornadas sobre violencia de género organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Tras este último asesinato de una mujer a manos de su pareja –él autor, que antes de intentar suicidarse informó en el mensaje a algunos allegados de lo que había hecho–, Calvo ha opinado que «si no somos capaces de detectar de manera rotunda y todos juntos que este es el asunto de seguridad más grave que tiene España, estamos fuera de todo orden lógico de las cosas».

Calvo ha criticado a quienes niegan la violencia de género, como según ha dicho, hace la «ultraderecha española» porque, en su opinión, se trata de una posición «absolutamente negadora de la propia democracia».

Y es que se ha preguntado «qué otra cosa más urgente e importante tiene la democracia que garantizar a más de la mitad de la población su seguridad en todos los ámbitos de su vida», ha dicho en alusión a las mujeres, que tienen «riesgo potencial» de ser objeto de «delitos gravísimos» a su libertad sexual o sufrir violencia y asesinato.

Calvo ha hecho un llamamiento a la «unidad» a luchar contra la violencia de género. «Creo que las mujeres y la inmensa mayoría de los hombres, que son demócratas y además no son violentos, tienen que estar en estas trincheras porque quienes la niegan desde la posición política lo que todavía no han entendido es que no hay víctimas de primera ni víctimas de segunda», ha mantenido.

La exvicepresidenta del Gobierno, que ha recordado que ya son 36 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género –37 si el suceso de Móstoles se confirma como tal– ha considerado «magnífica» la iniciativa de la Delegación del Gobierno en Cantabria con estas jornadas, valorando que siga considerando «prioritario» seguir reflexionando sobre el «gravísimo asunto» que constituye la violencia machista porque «es una obligación que tenemos todos».

Según ha resaltado, se trata de un asunto que tiene, además de un «lado trágico y durísimo» –como son el destino de estas mujeres asesinadas y sus hijos–, «un lado político profundísimo».

LA VIOLENCIA MACHISTA, A VECES UN «TÚNEL INVISIBLE» PARA LA SOCIEDAD

Calvo ha estado acompañada durante sus declaraciones y, posteriormente, en la inauguración del acto por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, para quien lograr acabar con la violencia de género es «una de las tareas más urgentes» que tiene España como país y ha opinado que «obviarlo y minimizarlo» es «rechazar los principios y valores» de la Constitución y la democracia.

Quiñones ha afirmado que la Delegación quiere «poner este grave problema en el ideario de la sociedad de Cantabria» porque, según ha dicho, «todos y todas debemos tomar conciencia de la importancia de acabar con la violencia de género».

«La violencia machista, ese corredor de la muerte en el que viven muchas mujeres, es, en ocasiones, un túnel invisible para la sociedad», ha lamentado, y ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas 37 mujeres en España y 26 menores se han quedado huérfanos.

Por ello, cree que la «principal responsabilidad» de las instituciones es seguir avanzando en el Pacto de Estado y en la Ley contra la Violencia de género «para ser más eficaces en la erradicación de esta humillante y espeluznante lacra para nuestro país y no dar ningún paso atrás en la conciencia social para acabar con ello».

Para abordar esos avances, así como el trabajo que se desarrolla desde diferentes entidades y la sociedad en su conjunto, la Delegación del Gobierno ha organizado estos dos días de «reflexiones, análisis, cambio de impresiones e ideas, para ser más efectivos y eficaces para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres».

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Estas jornadas se desarrollarán hoy y mañana bajo el lema Unidad social contra la violencia de género que se celebran en el Palacete del Embarcadero de Santander.

Tras el acto de apertura, se han desarrollado las dos primeras mesas redondas de las Jornadas Unidad social contra la violencia de género .

La primera se ha desarrollado bajo el epígrafe La atención a las víctimas de violencia de género , en la que han intervenido la responsable de la Comisión de Igualdad de Género del Colegio de Enfermería de Cantabria, María Ángeles Villa; la vicepresidenta primera del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, María Monserrat Matilla, y la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Antonieta de Diego. Esta mesa ha sido moderada por la presidenta del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero.

En la segunda mesa, bajo el título Los recursos para las víctimas de la violencia de género y el trabajo de las asociaciones y moderada por la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno.

En ella, han participado Sandra García, responsable del programa de migraciones de Cruz Roja Cantabria; Olga Pallaruelo, coordinadora de recursos para víctimas de la Trata de Nueva Vida; Silvia Cifrián, abogada y asesora jurídica de APLEC Inclusión más igualdad; y Marisol Payá, presidenta de la Red Cántabra contra la Trata de Personas, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

A lo largo de las dos jornadas, se desarrollarán cinco mesas redondas en las que intervendrán representantes de instituciones y colectivos implicados en la atención y la protección de las víctimas, los recursos disponibles, la investigación y tramitación judicial de los casos o el debate político.