Decenas de miles de personas mantienen las protestas y ponen en jaque al Gobierno de Líbano

Hariri cancela una reunión del Gabinete y se dirigirá a la nación

Decenas de miles de libaneses han salido este viernes a las calles del país por segundo día consecutivo para protestar contra el Gobierno por la crisis económica que sacude el país, poniendo en jaque al Ejecutivo que lidera Saad Hariri.

Las protestas arrancaron a principios de octubre en medio del deterioro de la crisis y después de una caída de la moneda local por primera vez en las últimas dos décadas. El descontento se arrastraba ya desde julio, cuando el Parlamento aprobó un presupuesto de austeridad para hacer frente al déficit.

Sin embargo, han ganado intensidad desde el jueves a raíz del anuncio del Gobierno sobre los planes para introducir una tasa por el uso de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp, una medida que ha tenido que retirar este viernes ante las movilizaciones.

El anuncio sobre la aplicación de la tasa provocó que miles de libaneses salieran a manifestarse por las calles de Beirut desde el jueves y también este viernes, bloqueando carreteras principales y obligando al cierre de escuelas y comercios.

Cientos de manifestantes han bloqueado a primera hora del día varias de las principales autopistas del país y han levantado barricadas con neumáticos ardiendo en distintos puntos de Beirut para reclamar la dimisión del Gobierno.

Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, entre las carreteras cortadas están las que llevan al aeropuerto de la capital. Asimismo, se han registrado incidentes en la prisión de Zahle, si bien no se han registrado fugas.

El nivel de las protestas ha llevado a Hariri a cancelar una reunión del Gabinete convocada para discutir el borrador de los Presupuestos para 2020, y los medios libaneses han informado de que, en su lugar, dará un discurso a la población.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Yebran Basil, ha pedido a la población «contención» para evitar un «colapso», mientras que la titular de Interior, Raya al Hasán, ha destacado que aún no hay una decisión sobre una posible dimisión del Gobierno.

«Si el Gobierno cae, cualquiera que venga detrás no tendrá mejores opciones que los que están al frente del actual», ha argumentado Al Hasán, tal y como ha recogido el diario libanés An Nahar .

«Cambiar el Gobierno no es una solución, y si cae el colapso será inevitable», ha advertido la ministra, en medio de los llamamientos a la dimisión de Hariri incluso desde las filas de partidos aliados del partido del primer ministro, Al Mustaqbal.

El Ejecutivo fue formado el 31 de enero de 2019, nueve meses después de la celebración de elecciones parlamentarias y ante las dificultades para lograr un acuerdo entre los partidos representados en el organismo, altamente fragmentado.

Las negociaciones finalizaron sin que ningún partido se hiciera con el derecho a veto en el Ejecutivo, que sería el equivalente a controlar once de las 30 carteras del Gobierno.

CRISIS ECONÓMICA

Líbano hace frente a una gran deuda pública y problemas financieros debido a la ralentización del flujo de capitales necesario para financiar al Gobierno, lastado además por el escaso crecimiento y una elevada tasa de desempleo.

El presidente del país, Michel Aoun, defendió ante la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas que la crisis de refugiados sirios ha tenido «repercusiones» políticas, sociales, económicas, medioambientales y de seguridad en el país.

«Este desplazamiento ha supuesto una amenaza grave para lograr la agenda de desarrollo sostenible en Líbano y ha llevado a un empeoramiento de la crisis económica», apuntó, antes de poner en duda las «posiciones» de «algunos estados y organizaciones internacionales» que «han intentado impedir los retornos».

En este sentido, pidió a la comunidad internacional que apoye el regreso de los refugiados sirios al país árabe y ha destacado que «las condiciones para este retorno ya están disponibles» ante la «estabilización» de la situación de seguridad.

«Se trata de una responsabilidad internacional compartida que hace imperativo que todos colaboremos para encontrar urgentemente soluciones», dijo, al tiempo que incidió en que «la comunidad internacional no puede contentarse con dar una ayuda mínima a los desplazados y refugiados en las regiones en las que se encuentran, excluyendo programas para su retorno seguro y digno».

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