C. de Madrid hará análisis jurídico «exhaustivo» de la reforma de Extranjería ante riesgo de «invasión de competencias»

El Gobierno regional estima en mil menores más los que podrían llegar en lo que resta de año y pide más financiación y más controles en Barajas

La Comunidad de Madrid hará un análisis jurídico «exhaustivo» de la reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno de España para el traslado automático de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias a otras regiones ante el riesgo de que pueda producirse una «invasión de competencias».

En un encuentro con periodistas, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reiterado las dudas expresadas ya el miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre esa «invasión de competencias» de las autonomías por parte del Ejecutivo central que podría hacer incurrir incluso a la norma resultante en «inconstitucionalidad».

En este sentido, Dávila ha señalado que será necesario esperar a conocer el texto definitivo que se registre en el Congreso de los Diputados y el que resultara tras su hipotética aprobación con la incorporación de enmiendas por parte de los grupos políticos, antes de poder actuar para preservar la autonomía de la Comunidad de Madrid.

«Hasta que no haya un texto definitivo que se lleve a las cortes, evidentemente lo único que podemos hacer es leer y releer todas las versiones que haya de ese texto, de lo que hemos recibido», ha señalado Ana Dávila, quien sí ha confirmado que «en una primera lectura» del borrador recibido por parte del Gobierno de España «sólo 24 horas antes» de la reunión de la Conferencia Sectorial, ha afeado, sí han detectado «que hay una invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas». «Si eso se produce tendremos que ver a ver cuál es la estrategia jurídica que llevamos adelante», ha añadido.

Respecto al acuerdo de reparto de 347 menores migrantes entre las diferentes autonomías –que recibió el voto favorable de todas las comunidades salvo Cataluña, que se abstuvo–, en virtud del cual Madrid recibirá una treintena, la consejera Dávila ha recordado que esta cifra queda desbordada ante las llegadas de estos jóvenes en medio de lo que ha vuelto a calificar como «crisis migratoria», al hilo de lo cual ha recordado que en lo que va de 2024 la Comunidad ya ha acogido 1.239 –cifra que casi igual los 1.340 de todo 2023– y estima la llegada de otro millar en lo que resta de ejercicio.

Una afluencia que obliga a la Comunidad de Madrid, ha incidido su consejera, a tener que invertir 40 millones de euros de recursos propios para hacer frente a su acogida y atención, presupuesto que queda lejos, ha señalado, de los 1,4 millones que el Gobierno central transferirá en virtud del acuerdo para la llegada de estos 30 menores del reparto.

MÁS FINANCIACIÓN Y MÁS CONTROLES EN BARAJAS

Al hilo de esto, Ana Dávila ha reclamado más financiación por parte del Gobierno de España para apoyar a las autonomías, así como mayores controles en el Aeropuerto de Barajas, por donde ha llegado «el 50%» de esos 1.239 menores no acompañados, así como de los instalados en los dos campamentos de migrantes puestos en marcha por la Administración central en Alcalá de Henares y Carabanchel, donde «hay 3.000 personas» y «entre ellos hay menores», ha afirmado, a pesar de que inicialmente se descartó esta opción, ha insistido.

En este sentido, la titular madrileña de Asuntos Sociales ha vuelto a señalar a la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que el jefe del Ejecutivo se ponga «a la cabeza» y convoque una Conferencia de Presidentes para abordar este «asunto de Estado».

«Porque después de cuatro horas ayer de Conferencia Sectorial todavía no sabemos qué planes tiene el Gobierno para todas estas personas, más allá del ataque frontal a las comunidades autónomas cuando todas, excepto Cataluña que se abstuvo, votamos a favor de ese acuerdo y manifestamos la inmensa solidaridad», ha defendido.

Ana Dávila ha sostenido que los sistemas de protección «de prácticamente todas las comunidades autónomas ya están colapsados» y ha advertido al Ejecutivo central de que «no puede estar pidiendo constantemente que hagamos esfuerzos sin que el propio Gobierno haga un esfuerzo y active un fondo de contingencia».

Sobre esto, y después de conocerse que la Fiscalía de Madrid ha abierto expediente gubernativo al Centro de Primera Acogida de Hortaleza tras una denuncia del sindicato CC.OO por albergar a más de 100 menores en un espacio proyectado para no superar las 35 plazas, la consejera ha reconocido la «sobreocupación» en todos los centros fruto de esa presión migratoria, con «un 200%» de crecimiento en plazas de atención.

Por ello, ha reiterado «la necesidad de contar con una planificación para tener a disposición las plazas necesarias para poder atender a lo que viene» y ha recordado el proyecto de nuevo centro en Fuenlabrada para «descongestionar los otros centros de primera acogida y poder atender la previsión que tenemos».