C. de Madrid asegura estar facilitando a la Justicia toda la información sobre protocolos en residencias

La Audiencia ordenó en octubre reabrir una causa contra Ayuso y dos exconsejeros por muertes de residentes en primera ola del Covid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado que la Administración regional está facilitando a la Justicia toda la información requerida sobre el plan de choque y los protocolos en las residencias durante la primera ola de la pandemia de Covid, después de que la Audiencia Provincial ordenara el pasado mes de octubre reabrir una causa contra Ayuso y dos exconsejeros por las muertes de residentes en este periodo.

Durante su participación en el desayuno sociosanitario organizado este lunes por Europa Press, Matute se ha referido a esta cuestión del «pasado reciente» para señalar que «toda la documentación» requerida por la Justicia «se ha facilitado y se facilitará a quien lo pida y corresponda». «Es lo que estamos haciendo», ha concluido preguntada sobre esta cuestión.

En las nuevas diligencias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba libró oficio a la Consejería de Sanidad para que le aportara el Plan de choque contra las muertes en residencias anunciado el 26 de marzo de 2020, así como su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo.

También le pidió los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la región durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid-19,adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria; así como los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias, desglosados por fechas.

La Audiencia Provincial de Madrid obligó en octubre a este Juzgado la reapertura de una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia del Covid-19.

LA AUDIENCIA ACEPTÓ EL RECURSO DE UNA FAMILIA AFECTADA

En un auto, dicho tribunal aceptaba el recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acordaba que continúe la investigación sobre ellos «con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro».

En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condición de aforada, al igual Enrique Ruiz Escudero a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ser diputado autonómico.

En su declaración ante el juez el pasado 7 de noviembre, el exconsejero de Asuntos Sociales Alberto Reyero explicó la situación «anormal» que se vivió en una residencia de ancianos durante la primera parte de la pandemia de Covid-19, con la ausencia de derivaciones a hospitales de contagiados por SARs-CoV-2 durante las primeras semanas.

«Realmente no se produjeron derivaciones durante las primeras semanas. De hecho con los datos que yo tengo de las personas fallecidas, a finales del mes de abril, habían fallecido 16 personas en la residencia y solo tres en los hospitales, lo cual indica la situación anormal que se produjo durante esos días», cuando lo habitual es «un 20% de fallecimientos en residencias y el 80% en hospitales».

Tanto él como el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur fueron llamados a declarar después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligara al magistrado a reabrir este procedimiento. El exconsejero de Ciudadanos explicó que tuvo oportunidad de comentar la existencia de los protocolos y el desarrollado en esas fechas, que sobre todo es el mes de marzo del año 2020, aunque ha indicado que no ha sido interpelado por «nada relacionado con la Comunidad de Madrid».

Por su parte, Carlos Mur reiteró en su declaración que, aunque estaba en contra, firmó este protocolo porque estaba de acuerdo con «el 90 por ciento» y ha insistido en que «no eran obligatorios», según el letrado.