Buruaga y Pazos firman el mayor contrato-programa de la historia de la UC, que sube a casi 92,7 millones
La presidenta reitera su voluntad de avanzar hacia un marco de financiación plurianual y desarrollar la Ley de Ciencia
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, han firmado este martes el contrato-programa que garantiza la estabilidad financiera de la institución en 2024 y que, cuantitativamente, es el mayor de toda su historia, con un presupuesto de casi 92,7 millones de euros (92.682.185 euros), un 4,7% más que en 2023.
En el acto, Buruaga ha destacado que este contrato-programa es un reflejo de la apuesta del Gobierno por la UC como uno de los «pilares» de la comunidad autónoma y un «potente motor de desarrollo regional», así como un reconocimiento y una muestra de compromiso de la sociedad cántabra hacia su universidad.
A su juicio, el documento suscrito hoy es «el umbral de un nuevo tiempo» que ha de abrir paso a un marco de planificación plurianual de objetivos y recursos para la universidad, y a la definición de un «perfil propio» en materia científica, tecnológica y de innovación.
Sobre el establecimiento de un contrato de financiación plurianual, ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de avanzar hacia ese escenario, a pesar de la «incertidumbre» derivada de la falta de Presupuestos Generales del Estado y la «imprevisión total» del Gobierno de España con respecto a la financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
En cuanto al impulso a la investigación, se ha comprometido a desarrollar la Ley de Ciencia con el objetivo de sacar a Cantabria de la «cola de la inversión en I+D».
En este sentido, ha apuntado que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades está ya inmersa en la puesta en marcha de los contenidos de la norma con la intención de «dar un impulso a la investigación y a la innovación a lo largo de la presente legislatura».
La presidenta también ha puesto el acento en su «trascendental» colaboración con el sector empresarial, colaboración que, según ha dicho, el Ejecutivo cántabro está dispuesto a seguir apoyando.
Por su parte, Pazos ha señalado que este contrato-programa permite a la institución seguir adelante en su misión de trabajar día a día en formar a la juventud, buenos profesionales, personas críticas, e investigar.
Ha apuntado que para la UC es «fundamental» no quedarse dentro de las aulas estar presente en la sociedad y servir a Cantabria «lo mejor que podamos».
Y ha demandado «más recursos» para «servir mejor» y espera que las próximas conversaciones permitan «seguir avanzando» a través de un marco «con mayor estabilidad en el tiempo».
La presidenta y el rector han estado acompañados por el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; la directora general de Universidades, Marta Pascual; varios miembros del equipo rectoral y decanos de la UC, y la presidenta del Consejo de Estudiantes, Mirian Martínez, entre otros.
OBJETIVOS Y PARTIDAS
El documento que hoy han rubricado Buruaga y Pazos, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de Cantabria y por el Consejo Social de la UC, tiene como objetivos proporcionar la cobertura y flexibilidad financiera suficiente a la UC para que pueda desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles, mejorar la calidad de la actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento, apoyar la promoción y estabilización de la plantilla, y potenciar la formación de investigadores.
Además, otras finalidades son la mejora de los servicios que presta a los estudiantes, promover la internacionalización de toda la comunidad universitaria y dotar a la institución de infraestructuras y equipamientos de calidad.
Por programas, el de mayor cuantía es el de suficiencia financiera, que asciende a 78,3 millones de euros; seguido del de complementos retributivos del personal docente (4,4 millones), el de apoyo a la investigación (4,2 millones), el de obras y equipamientos (casi 3,6 millones), el de compensación por exención de precios públicos (1,5 millones), el de internacionalización (275.000 euros) y el plan regional de becas (210.000 euros).
