Buruaga dice que ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad «no afecta a ningún proyecto» de Cantabria
Aclara que los 45 millones liberados para la partida de imprevistos «no van a Santa Clotilde»
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que la ley que impulsa el Ejecutivo central para limitar la colaboración público-privada en sanidad «no afectaría a ningún proyecto» que su Gobierno «pueda tener en marcha, en ciernes o en la cabeza, porque jamás hemos privatizado asistencia sanitaria».
«Tranquilidad absoluta», ha trasladado la presidenta al ser preguntada por esta norma, ya que «supone» que «no se puede prohibir» la colaboración público-privada sino que el Gobierno quiere «tratar de poner las cosas un poco más difíciles, como si nos sobrara colaboración en este país para llegar a los objetivos comunes».
En todo caso, ha dicho que, cuando un gobierno no tiene mayoría, este tipo de reformas «no van a ninguna parte y se van a quedar en lo que se van a quedar». A su juicio, la iniciativa responde a la «necesidad de levantar muros», de «dinamitar todos los puentes de colaboración, también entre lo público y lo privado», fruto «de ese sectarismo ideológico y también de esa imperiosa necesidad de desviar la atención de todas esas cosas que están pasando en nuestro país y no deben de pasar».
«Cada vez que el PSOE pide unas elecciones saca una liebre mecánica a pasear, o cada vez que un caso de corrupción le señala», ha sentenciado la presidenta cántabra este martes, coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997 que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo y blindar la sanidad pública.
«Primero fueron las universidades», después «la Formación Profesional, y ahora le toca el turno a la sanidad», ha criticado Buruaga, que, de todos modos, ha recalcado que «Cantabria es la comunidad con menos grado de privatización de asistencia sanitaria en este país».
«En cualquier caso ese nunca ha sido ni es ni será el modelo del Gobierno del Partido Popular de Cantabria», ha sentenciado, al tiempo que ha lamentado que algunos les acusen de privatizar la sanidad por el reciente convenio singular con el Hospital Santa Clotilde «basados en el desconocimiento».
«Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es integrar funcionalmente un centro sin ánimo de lucro y concertado en el servicio de salud porque es la manera de dar estabilidad y transparencia a una colaboración necesaria, estructural y que lleva existiendo el mismo tiempo que lleva existiendo nuestro servicio de salud», ha argumentado.
LOS 45 MILLONES LIBERADOS «NO VAN A SANTA CLOTILDE»
Al hilo, también se ha referido a la petición de información de Podemos sobre los 45 millones de euros que el Gobierno ha aprobado liberar de proyectos de 2025 por sobrantes para destinarlos a una partida de imprevistos. El partido morado ha cuestionado si esta transferencia está relacionad con el convenio con Santa Clotilde, lo que la presidenta ha negado este martes, instando a preguntar y documentarse «antes de generar alarmas y discursos insensatos basados en el desconocimiento y en el sectarismo».
«No va a Santa Clotilde evidentemente», ha sentenciado tras señalar que esa transferencia es «algo muy común para los que saben qué es un presupuesto, cómo se ejecuta y cómo hay que hacer esas cosas, que tienen más que ver con la técnica que con la política».
«Es muy difícil poder explicar esto cuando, primero, alguien no ha gobernado nunca; segundo, cuando no tiene ni idea de la gestión pública; y tercero, cuando además el sectarismo ideológico e incluso la falta de conocimiento grave y de irresponsabilidad lo inunda todo», ha sentenciado la jefa del Ejecutivo, a preguntas de los medios tras firmar una adenda al pacto profesional por la sanidad con mejoras laborales junto al Colegio Oficial de Médicos y al Sindicato Médico.
Como ha explicado, el hecho de haber tenido que prorrogar los Presupuestos de 2025 implica arrancar el ejercicio con déficit, y al haber más gastos que ingresos «hay que hacer ajustes», de ahí la necesidad de «barrer» de las cuentas del pasado año aquellos créditos que «ya no tienen sentido en el 2026».
