Buruaga denuncia que el acuerdo PSOE-ERC es «corrupción política»: «Cambiar financiación por votos y poder»
Para la presidenta cántabra, el acuerdo recoge un «concierto económico» y eso es «indecente, ilegal e inconstitucional»
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, es «corrupción política» porque, a su juicio, evidencia que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido «cambiar financiación por votos y poder».
Sáenz de Buruaga ha considerado que, aunque «el sanchismo ya ha pedido la capacidad de sorprendernos o escandalizarnos a todos», este acuerdo PSOE-ERC es «otra línea roja superada, una más», y ha manifestado que cree sin «ninguna duda» que Sánchez seguirá «haciendo lo que sea necesario lo que sea necesario con tal de perpetuarse en el poder».
«Esto es más de lo mismo pero cada vez peor. La escalada cada vez es mayor», ha añadido la presidenta de Cantabria y del PP regional a preguntas de la prensa sobre el acuerdo alcanzado por ambas formaciones en Cataluña tras asistir al inicio de las obras de ampliación del IES Lope de Vega en Sarón.
Sáenz de Buruaga ha denunciado que tanto Pedro Sánchez como su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han venido negando «por activa y por pasiva» que fuese a haber «una negociación singular» y un «dialogo bilateral» con Cataluña y ahora, con este acuerdo, a su juicio, se evidencia que «era totalmente lo contrario».
«Estamos ante un Gobierno que ha institucionalizado la corrupción política, y esto es corrupción política. Cambiar financiación por votos o por poder. Ha institucionalizado el engaño, porque esto es un engaño y también un privilegio. Yo diría que es sencillamente indecente, además de completamente ilegal e inconstitucional», ha aseverado la presidenta cántabra.
Y es que, ha dicho, «los independentistas pedían la llave de la caja y Sánchez les ha dado la caja entera» al recoger el acuerdo entre el PSOE y ERC «un concierto económico». «Estamos hablando de la soberanía fiscal, estamos hablando de que Cataluña se sale del régimen común y que va a tener una relación bilateral con el Gobierno central en materia de financiación», ha añadido.
Para Sáenz de Buruaga, ese acuerdo «aniquila los consensos y los principios básicos constitucionales, desmonta y desfigura el Estado de las Autonomías por la puerta de atrás y constituye un grave atentado contra la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las regiones y entre los territorios».
De materializarse ese acuerdo, la presidenta de Cantabria ha denunciado «a los demás, al parecer, nos van a quedar las migajas y no vamos a ser capaces ni de poder atender nuestras más elementales obligaciones».
En este punto, ha evidenciado que la financiación autonómica se dedica a «hospitales y colegios», a la atención a las personas dependientes, a «infraestructuras para asegurar la competitividad de nuestras empresas y la igualdad de oportunidades».
«No se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder, para comprar votos, para investir a un presidente, sino que hay que utilizarlo para garantizar servicios básicos esenciales iguales para todos los ciudadanos vivan donde vivan», ha apostillado.
Y ha advertido que «Pedro Sánchez no va a pasar por encima del Gobierno de Cantabria» y desde el Gobierno regional «no vamos a consentir que la investidura de Illa sea a costa de los derechos y de las oportunidades de los cántabros».
«Reaccionaremos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance institucionales, políticos y judiciales para defender la igualdad de trato, la igualdad de derechos, la igualdad de inversiones, la igualdad de financiación y la igualdad de oportunidades para todos los cántabros», ha insistido.
Y, para ello, ha hecho un llamamiento a la «lealtad» de todas las fuerzas políticas de Cantabria para «defender el interés de los cántabros» y también ha reclamado la «unidad» de todas las Comunidades Autónomas «al margen de siglas políticas» para «hacer un frente y una alianza común» para «defender una España de ciudadanos libres e iguales».
«Lo que es de todos, lo tenemos que decidir y lo tenemos que acordar entre nosotros», ha concluido.
