Bukele garantiza que seguirá el caso de la migrante salvadoreña muerta en México «hasta que se haga justicia»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha garantizado este martes que el país centroamericano «dará seguimiento al caso» de Victoria Salazar, la migrante que murió por asfixia a consecuencia de una intervención policial en México, «hasta que se haga justicia».

En una serie de mensajes publicados a través de su cuenta de Twitter, Bukele ha afirmado que el caso de Salazar es «mucho peor de lo que pensábamos», aunque ha detallado que las autoridades salvadoreñas «aún» no pueden dar más información sobre el asunto.

«Pero el drama humano se extiende mucho más y debe haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato», ha continuado, antes de subrayar que «hay más agresores en este caso» y «también más víctimas». «No todos los culpables están arrestados, aún», ha remachado.

Salazar, de 36 años y en México en calidad de refugiada desde 2018, fue detenida por supuestamente alterar el orden público. Vídeos y fotografías que han circulado por redes sociales muestran a cuatro agentes cuando la detienen y la tiran al suelo. Una vez allí, uno de ellos la inmovilizó colocando la rodilla sobre su espalda, hasta que murió por asfixia.

La Fiscalía de Quintana Roo, que ha iniciado una investigación por un presunto delito de feminicidio en contra de los cuatro agentes, detalló que los forenses, en la autopsia, concluyeron que la víctima presentaba una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y la segunda vértebras, lo que le provocó la muerte. Así, las lesiones son compatibles y coinciden con las maniobras que se le aplicaron durante su proceso de detención. Los agentes están actualmente detenidos.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades mexicanas deben garantizar «justicia y reparación» por la muerte de Salazar, además de protección para las dos hijas de la víctima –de 15 y 16 años–, una de las cuales está en paradero desconocido.

Junto al Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES), AI también ha pedido garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y la repatriación digna de su cuerpo.

A juicio de AI, es «gravísimo» que las autoridades mexicanas no hayan informado a la familia de Victoria sobre el paradero de sus dos hijas, por lo que han hecho un llamamiento para que se comuniquen con ellos.

Asimismo, «las autoridades deben capacitar constantemente con herramientas teóricas y prácticas, y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, a los cuerpos policiales sobre Derechos Humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la violencia de género», ha continuado.

«Deben realizar ciclos de evaluación constantes y exhaustivos sobre las capacitaciones a los cuerpos policiales, así como evidenciar sus resultados e impacto, y garantizar la existencia de un mecanismo especializado externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones», ha reiterado. AI ha hecho hincapié en que es «inaceptable» que en México sigan ocurriendo abusos policiales como el feminicidio de Salazar.

«NADIE MERECE ESTA MUERTE»

La madre de Salazar, Rosibel Emérita Arriaza, ha declarado a AI que los agentes de Policía «torturaron» a su hija, «en pocas palabras». «Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte», ha lamentado.

«Yo como madre sé que mi hija no la voy a recuperar, solamente me quedaré con los recuerdos de mi hija. Lo que pido es una justicia real, donde investiguen exactamente todo lo que pasó en este abuso de la autoridad que hicieron estas cuatro personas que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas», ha reclamado, pidiendo que México se «responsabilice como Estado», porque «esto fue un caso parecido a lo que pasó en Estado Unidos con (George) Floyd».