Bruselas registra una iniciativa ciudadana titulada Stop 5G: Conectados, pero protegidos

BRUSELAS, 7

La Comisión Europea ha registrado este jueves una iniciativa ciudadana europea titulada Stop 5G: Conectados, pero protegidos , cuyos organizadores piden que se proteja mejor a todos los seres vivos de los supuestos riesgos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y de la radiación de microondas.

Los promotores de la iniciativa también reclaman que se legisle para proteger del impacto medioambiental de la 5G y la digitalización conexa y garantizar una protección eficaz de los datos personales tratados mediante estas nuevas tecnologías y frente a la ciberdelincuencia.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que la decisión de registrar esta iniciativa ciudadana «es de carácter jurídico y no prejuzga las conclusiones legales y políticas» de la propia institución, como tampoco las medidas que podría adoptar en caso de que obtenga el apoyo necesario.

La Comisión Europea «no ha analizado en esta fase el fondo de la iniciativa», remarcan las autoridades comunitarias, que añaden que el registro solo se debe a que el proyecto «cumple las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente».

Es decir, no está «manifiestamente fuera del ámbito de competencias» del Ejecutivo comunitario, no es «claramente abusiva, frívola o temeraria» y no es «manifiestamente contraria a los valores de la Unión».

Bruselas ha enfatizado que el registro de la iniciativa no quiere decir «en modo alguno» que la institución «confirme la exactitud material de su contenido», que es «responsabilidad exclusiva del grupo de organizadores» de la iniciativa.

La Comisión Europea, de hecho, señala en el comunicado que «algunas de la afirmaciones formuladas en esta iniciativa son contrarias a los datos científicos» que tiene la institución «y a las evaluaciones realizadas por la Comisión Internacional sobre Protección contra las Radiaciones No Ionizantes» de la OMS.

En cualquier caso, el registro anunciado este jueves abre el plazo de un año en el que los organizadores tendrán que conseguir un millón de firmas de apoyo de al menos siete Estados miembros diferentes. En ese caso, el Ejecutivo comunitario tendrá que examinar detalladamente su contenido y decidir si atiende o no a la solicitud.