Bruselas aprueba un plan español de 500 millones para llevar la banda ancha a zonas rurales

BRUSELAS, 17

La Comisión Europea ha aprobado este lunes un plan de ayudas de 500 millones de euros que el Gobierno español financiará con el fondo de recuperación europeo para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en zonas rurales, una iniciativa que se enmarca en el compromiso de digitalización del país y de los objetivos estratégicos de transición digital de la UE.

Se trata de fomentar el desarrollo de servicios móviles eficaces en España, lo que, según la vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Margrethe Vestager, «ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad y contribuirá al crecimiento económico de España».

El plan de ayudas estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 y tendrá la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras.

Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio, ha indicado el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado, que añade que la ayuda global por beneficiario no deberá superar el 90 % de los costes subvencionables.

La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y que en el horizonte de diciembre de 2025 no tendrían infraestructuras que funcionen satisfactoriamente si no es con este apoyo para su desarrollo.

A ojos de Bruselas, el régimen de ayuda es «necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado», en concreto la falta de conexiones de retorno actuales o planeadas en las zonas contempladas, que suelen ser regiones remotas y escasamente pobladas de España.

La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como por medio de una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas, han precisado los servicios comunitarios.

El régimen de ayudas tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no estarían dispuestos a desplegar debido a los elevados costes.

También mejorará la disponibilidad de servicios móviles innovadores y eficaces en las zonas contempladas en beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Además, cuenta con salvaguardias suficientes para evitar falsear la competencia y garantizar que las ayudas no alteran las condiciones de mercado.

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La Comisión Europea ha aprobado este lunes un plan de ayudas de 500 millones de euros que el Gobierno español financiará con el fondo de recuperación europeo para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en zonas rurales, una iniciativa que se enmarca en el compromiso de digitalización del país y de los objetivos estratégicos de transición digital de la UE.

Se trata de fomentar el desarrollo de servicios móviles eficaces en España, lo que, según la vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Margrethe Vestager, «ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad y contribuirá al crecimiento económico de España».

El plan de ayudas estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 y tendrá la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras.

Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio, ha indicado el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado, que añade que la ayuda global por beneficiario no deberá superar el 90 % de los costes subvencionables.

La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y que en el horizonte de diciembre de 2025 no tendrían infraestructuras que funcionen satisfactoriamente si no es con este apoyo para su desarrollo.

A ojos de Bruselas, el régimen de ayuda es «necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado», en concreto la falta de conexiones de retorno actuales o planeadas en las zonas contempladas, que suelen ser regiones remotas y escasamente pobladas de España.

La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como por medio de una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas, han precisado los servicios comunitarios.

El régimen de ayudas tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no estarían dispuestos a desplegar debido a los elevados costes.

También mejorará la disponibilidad de servicios móviles innovadores y eficaces en las zonas contempladas en beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Además, cuenta con salvaguardias suficientes para evitar falsear la competencia y garantizar que las ayudas no alteran las condiciones de mercado.

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La Comisión Europea ha aprobado este lunes un plan de ayudas de 500 millones de euros que el Gobierno español financiará con el fondo de recuperación europeo para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en zonas rurales, una iniciativa que se enmarca en el compromiso de digitalización del país y de los objetivos estratégicos de transición digital de la UE.

Se trata de fomentar el desarrollo de servicios móviles eficaces en España, lo que, según la vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Margrethe Vestager, «ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad y contribuirá al crecimiento económico de España».

El plan de ayudas estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 y tendrá la forma de subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras.

Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio, ha indicado el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado, que añade que la ayuda global por beneficiario no deberá superar el 90 % de los costes subvencionables.

La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y que en el horizonte de diciembre de 2025 no tendrían infraestructuras que funcionen satisfactoriamente si no es con este apoyo para su desarrollo.

A ojos de Bruselas, el régimen de ayuda es «necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado», en concreto la falta de conexiones de retorno actuales o planeadas en las zonas contempladas, que suelen ser regiones remotas y escasamente pobladas de España.

La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como por medio de una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas, han precisado los servicios comunitarios.

El régimen de ayudas tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no estarían dispuestos a desplegar debido a los elevados costes.

También mejorará la disponibilidad de servicios móviles innovadores y eficaces en las zonas contempladas en beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Además, cuenta con salvaguardias suficientes para evitar falsear la competencia y garantizar que las ayudas no alteran las condiciones de mercado.

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