Bravo dice que Abogacía aún no puede personarse en el caso Francis Puig por «dudas razonables» de que haya delito

Ortiz (PPCV) presenta una queja en el Juzgado al considerar que la consellera ha revelado en Les Corts datos bajo secreto de sumario

VALÈNCIA, 26

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha afeado a la diputada del PP, Eva Ortiz, su «deliberada ignorancia» respecto al ordenamiento jurídico porque la Abogacía de la Generalitat aún no puede personarse en el caso de Francis Puig ya que «estamos ante un momento procesal en el que aún no sabemos ni siquiera si hay delito de fraude, tampoco de falsedad documental».

La consellera ha reprochado en respuesta a Ortiz en sede parlamentaria: «Lo que sí sabemos que de todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig ha salido impoluto y por eso no ha reclamación alguna».

En su turno de pregunta, Ortiz ha exigido que «la Abogacía de la Generalitat Valenciana se persone en el caso de fraude de subvenciones que afecta al hermano y socios del president Puig. De hecho, ha asegurado que «es importante que la Abogacía de la Generalitat defienda por vía penal y civil el dinero público que tanto el hermano del president como Adell Bover admitieron en sede judicial, tanto el lunes como el miércoles, que ingresaron y facturaron de forma irregular con facturas duplicadas, falsas y que presentaron documentos de gasto de gasolina y de una vivienda particular».

Ante esto, Bravo ha explicado que la Administración no puede personarse en el procedimiento porque «a pesar de los más de 388 folios de informe de la Guardia Civil no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros». Por ello, considera que «hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones, pues el tipo exige que la cantidad irregularmente obtenida supere los 120.000 euros, dato que no ha podido concluir la Guardia Civil después de dos años y de tan prolijo informe».

Igualmente, ha señalado que, por ello, «el Ministerio Fiscal ha pedido el informe a la Intervención de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, porque si no se da esa premisa, no hay fraude y por tanto no hay perjuicio que resarcir en la vía penal». «A usted solo le interesa fabricar su propio bulo, traficar con él y lanzarlo a la opinión pública con fines mezquinos», ha criticado Bravo, quien ha enumerado las «mentiras del PP».

La titular de Justicia, Interior y Administración Pública ha asegurado que «mienten cuando hablen de un cártel» y «mienten cuando hablan de las empresas y de los socios de Francis Puig» ya que «Francis Puig únicamente forma parte de dos empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions con 117 accionistas y él es socio minoritario: tiene un 4,95% de las acciones».

Con las otras dos empresas investigadas Kriol Produccions y Canal Maestrat SL, tal y como ha señalado Bravo, la única relación que ha tenido es comercial. «Mienten cuando hablan de trama de corrupción. No hay trama de corrupción, lo dice la Guardia Civil y así se han pronunciado en diversas ocasiones los tribunales», ha subrayado.

ORTIZ

Por su parte, la diputada ha afirmado que «todo esto suma de momento 1,2 millones de euroso en subvenciones y contratos justificados ilegalmente en esta comunidad, y hasta dos si sumamos los que corresponde a Aragón y Cataluña».

En este sentido, la también presidenta del GPP ha lamentado que «a día de hoy no se ha reclamado a todas las empresas el dinero público supuestamente defraudado ni hay interés en personar a la abogacía de la Generalitat Valenciana.

Ortiz ha asegurado que «se está produciendo y se ha producido un quebranto de dinero público, sin que el gobierno valenciano esté haciendo absolutamente nada para evitarlo» y ha instado al Consell a «defender penal y civilmente los más de 1,2 millones que el hermano del presidente de la Generalitat y su socio han reconocido tener de forma ilegal».

Por otra parte, se ha preguntado «porque al socio del Hermano de Puig si que se le han pedido siete reintegros y al Hermano de Puig no se le ha solicitado que reintegre ninguna cantidad. «No quiero pensar que el apellido Puig en este asunto pesa demasiado», ha aseverado.

QUEJA

Tras la sesión, Ortiz ha anunciado que va a presentar una queja ante el juzgado porque considera que Bravo ha tenido acceso al sumario, que está bajo secreto.

Según la diputada, es «evidente» tras las declaraciones de Bravo que «ha tenido acceso al informe emitido por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, mandatada por este Juzgado y en el seno de esta instrucción».

«Este informe, como todos los documentos obrantes en autos, está protegido por el secreto de la instrucción frente a todos aquellos quienes no son parte. Queremos saber quién le ha facilitado el acceso a ese documento», ha concluido Ortiz.