Bolivia.- Áñez defiende que no es una «terrorista» y que asumió la Presidencia «por sucesión constitucional»

Denuncia que con su arresto se ha cometido un «abuso»

La Fiscalía admite otras tres acusaciones contra Áñez para juicios de responsabilidades

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sostenido este martes que «jamás» ha sido una «terrorista» y que asumió la Presidencia de la nación andina «por sucesión constitucional», antes de subrayar que «no hubo golpe» ni «fraude».

En una carta manuscrita compartida a través de su cuenta en la red social Twitter, Áñez, actualmente en prisión acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, ha hecho hincapié en que «la dictadura» le ha imputado por delitos que no ha cometido y que asumió el cargo «para pacificar Bolivia».

De forma paralela, ha denunciado que con su detención se cometió un «abuso». «Con mi arresto con más de un centenar de uniformados que llegaron armados hasta los dientes, torturaron a mis sobrinos que solo estaban de visita», ha señalado la exmandataria, que también ha indicado que los agentes de Policía «amenazaron» a sus familiares, «personas mayores y niñas que dejaron en estado de shock «.

Asimismo, ha indicado que las autoridades consideran que «no tiene casa», a pesar de que la «tienen precintada». Así, ella permanece «sin saber que se habrán llevado de ahí con el abuso que les caracteriza» y ni sus hijos ni ningún familiar «ha podido ingresar» en el domicilio. «Nos tienen sin ropa y sin poder sacar nada de nuestras cosas», ha añadido.

En este sentido, y recordando que las citaciones de la Fiscalía llegaron a su domicilio, ha advertido de que si las autoridades, «a título de buscar pruebas «, se han llevado «todo» sería un «robo descarado». «No tengo ninguna prueba de terrorismo porque jamás he estado con cosas ilícitas», ha reiterado la expresidenta de Bolivia, que ha tildado de «montaje» lo que el Gobierno actual «pretende investigar».

Por otro lado, ha reafirmado su intención de no abandonar Bolivia, «como lo hicieron en 2019 –en alusión a los dirigentes del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS)– o los que cobardemente renunciaron por no hacerse cargo de un país en llamas donde sólo se gritaba guerra civil «. «Digan si no fueron cobardes», ha urgido.

En cuanto a su estado, Áñez, que ha precisado que se dirige al pueblo boliviano con «ánimo y firmeza» y ha prometido «dar lucha hasta el final», ha señalado que está «serena». «Aquí estoy y aquí estaré hasta que el cuerpo me aguante», ha añadido, destacando que «se llevaron mi libertad y ahora atentan con mi salud».

El abogado defensor de la exmandataria, Luis Guillén, informó este lunes de que Áñez permanece «inapetente» y que su familia busca que un médico privado pueda visitarla en la cárcel. De forma paralela, matizó que está «deteriorada» y que atraviesa «una crisis de hipertensión».

La Procuraduría de Bolivia paralizó el viernes la decisión de un tribunal de La Paz, que dictaminó trasladarla desde la cárcel a una clínica sanitaria, precisamente para ser atendida por su hipertensión. Áñez guardaba cama debido a una descompensación causada por su dolencia. Las autoridades penitenciarias habían asegurado que la salud de la exmandataria se encontraba «estable», por lo que habían rechazado previamente la solicitud para trasladarla a un centro médico.

En este contexto, la expresidenta ha afirmado que «quieren llevarse» su «salud». «Han decidido no dejar que me vean médicos independientes del Gobierno», ha denunciando, subrayando que esta decisión va «en contra de una orden judicial que instruye que se realice el traslado inmediato a una clínica para verificar» su estado de salud.

«No confío en los médicos del Gobierno», ha zanjado. «Ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida, inyectarme medicación de alto riesgo sin precauciones ni estudios previos, con el fin de mantenerme en sus celdas».

«RESPONSABILIZO A LUIS ARCE»

Así, Áñez ha advertido de que, «si algo mayor llegara a pasar» con su salud, responsabiliza al presidente de Bolivia, Luis Arce; al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo; al comandante general interino de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera; al ministro de Justicia, Iván Lima; y a las autoridades del régimen penitenciario del país.

Por último, se ha dirigido al pueblo de Bolivia y ha detallado que es una «madre soltera». «Si llegan a matarme por uno u otro medio, solo quiero pedir al pueblo boliviano que vele por la seguridad de mis hijos y mi familia y que Bolivia no se rinda jamás frente a la dictadura».

«Esta es una lucha por la democracia y vamos a darla hasta el final. La lucha por la democracia ha tenido cientos de víctimas en nuestra historia, bolivianos valientes que ha perdido la vida y la libertad en la batalla. Yo soy una más», ha zanjado.

TRES ACUSACIONES PARA JUICIOS DE RESPONSABILIDADES

Por otro lado, la Fiscalía General de Bolivia ha admitido tres de las cuatro acusaciones propuestas para llevar a cabo juicios de responsabilidad contra Áñez, que se centran en decretos que firmó cuando era presidenta.

En concreto, el Ministerio Público, que ya ha informado al Tribunal Supremo del país latinoamericano del inicio de las investigaciones, ha admitido los casos relacionados con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión durante la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19 y violación de los Derechos Humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, ha trasladado en un comunicado.

En cuanto al préstamo del FMI, se trata del decreto que autorizaba el uso de 327 millones de dólares (más de 275,4 millones de euros) procedentes del organismo para luchar contra la pandemia en Bolivia. El actual Ejecutivo lo ha devuelto, argumentando que la Asamblea Legislativa «no explicó muy cómo» se adquirió el préstamo e hizo hincapié en el «daño económico» que causaba a Bolivia.

En referencia a la violación de la libertad de expresión, el caso se centra en un decreto que «reforzaba» la lucha contra la COVID-19. No obstante, un inciso de un artículo del mismo establecía una sanción para las personas que «desinformaran o generaran incertidumbre» en la población en el marco de la pandemia.

El tercer juicio se centra en el decreto de cierre de fronteras, también aprobado en el marco de la pandemia, con el objetivo de que «nadie entrara y nadie saliera». Ocasionó que miles de bolivianos quedaran bloqueados en las fronteras, lo que generó una crisis humanitaria, según ha informado el diario local El Deber .