Bolaños celebra la exhumación de Queipo y Bohórquez: «Genocidas que mandaron fusilar a 45.000 personas en Andalucía»
Pide al PP que aclare si devolvería sus restos a La Macarena en caso de derogar la Ley de Memoria Democrática
El ministros de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha celebrado este jueves la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, que se llevó a cabo la pasada madrugada en Sevilla. Así, ha señalado que con la nueva Ley de Memoria Democrática, los «genocidas» que mandaron fusilar a 45.000 personas en Andalucía no ocuparán lugares de homenaje en ningún edificio público.
En declaraciones a los medios desde la explanada del Palacio Real, antes de visitar las Escuelas Taller de Patrimonio Nacional, ha indicado que esta mañana «Sevilla, Andalucía y España se han levantado más dignas y con una democracia mejor».
A continuación ha preguntado a «los que dicen que derogarían la Ley de Memoria», en referencia al PP, si con ellos volverían «a los pies de La Macarena» los restos de «un general genocida que mandó fusilar a 45.000 personas», según ha remarcado. Así, ha pedido que expliquen si eso es lo que significaría la derogación de la norma.
Bolaños ha rechazado que estas exhumaciones supongan un ejercicio de revancha del Gobierno, al ser preguntado al respecto, y ha indicado por el contrario que «hoy es un día de dignidad, para recordar a las víctimas y pensar por un instante en ellas», ha pedido, puesto que la represión franquista acabo con sus vidas y ahora la democracia «salda una deuda» con ellas.
En la misma línea ha apuntado que la Ley de Memoria «significa la democracia» y la equipara con «los mejores estándares europeos» de países del entorno que han sufrido dictaduras.
La exhumación de los restos de Queipo de Llano y Bohórquez finalizaba pasadas las 2.20 horas de la madrugada de este jueves en la basílica de la Macarena, merced al requerimiento formulado por el Gobierno central a la hermandad a cuenta de las determinaciones de ley, que prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936 en lugares preeminentes de acceso público.
