UGT ve «insuficientes» las ayudas directas para empresas y reclama medidas de control y transparencia

El sindicato UGT ve «insuficientes» los 7.000 millones de ayudas directas para pymes y autónomos que ha aprobado este viernes el Gobierno, a la vista de lo que se ha aplicado en los países centrales del entorno y ante el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas en España.

No obstante, el sindicato cree que es una iniciativa «necesaria y bien dirigida, ya que la preservación de empresas viables es esencial no solo para garantizar la pervivencia de la actividad y del empleo mientras dure la pandemia, sino también para hacer posible una reactivación rápida y sólida cuando se recupere la economía.

Para el sindicato es «fundamental» establecer medidas de control y transparencia en lo que se refiere a las ayudas directas a empresas, que gestionarán las comunidades autónomas tras recibir en un máximo de un mes y diez días la transferencia por parte del Gobierno.

Y es que UGT opina que faltan mecanismos de información transparente, agrupada y puntual de las acciones que se acometen territorialmente, para que la ciudadanía valore y pondere la actuación política en cada ámbito.

«Resulta imprescindible un seguimiento y control ajustado de todos los condicionantes establecidos para que las empresas puedan acogerse a los fondos aprobados para asegurar su uso eficiente», ha recalcado el sindicato a través de un comunicado.

AYUDAS LIGADAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Además, UGT cree que estas ayudas directas deben estar condicionadas al mantenimiento del empleo en las empresas que accedan a las mismas, así como establecer mecanismos que eviten que se utilicen para incrementar beneficios

En cuanto a la toma de posición en el capital de las empresas de menor tamaño, que se ha establecido como condición en el caso de las ayudas derivadas del fondo de 1.000 millones de euros gestionado por Cofides para la recapitalización empresas, el sindicato ha señalado que debe constituirse como un instrumento privilegiado para que el Estado oriente las decisiones estratégicas de estas empresas en la línea de contribuir a un nuevo modelo productivo, más equilibrado y sostenible.

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