Belarra pide financiar el abono transporte a 10 euros con el impuesto extraordinario a las eléctricas
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha insistido en su propuesta de un abono de transporte general a 10 euros y ha propuesto financiarlo «a costa del impuesto extraordinadio a las empresas energéticas».
«Estamos negociando en el seno del Gobierno la ampliación y fortalecimiento de ese escudo social y espero contar con un feedback positivo en los próximos días a algunas propuestas como el abono transporte general a 10 euros que, desde mi punto de vista, sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas que el año pasado cuadruplicaron sus beneficios», ha subrayado Belarra.
Así lo ha indicado este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, para explicar las medidas adoptadas y previstas por su departamento en el marco de la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Según Belarra, este abono de transportes a 10 euros permitiría «mejorar la situación de las personas que están llegando con muchas dificultades a fin de mes; mejorar la situación de las personas que no pueden permitirse el precio actual de los carburantes y, en plena ola de calor en junio, luchar de manera más eficaz contra la crisis climática».
Unidas Podemos ha redoblado la presión en los últimos días para incluir un impuesto extraordinario a las eléctricas dentro de la prórroga del decreto anticrisis, una medida que ya planteó cuando se negoció el decreto a finales de marzo.
Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «no es posible» crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado porque no lo permite la Constitución, por lo que ha defendido la necesidad de «legislar con carácter inmediato» para poner en marcha esta medida. Ayer demandó «actuar ya» y no esperar.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales ya remitió dentro del Ejecutivo sus propuestas para ampliar las medidas de protección social, que contempla la creación de un fondo de 560 millones para financiar ese abono mensual al transporte público de 10 euros. En su equipo consideran necesario incluir más acciones ante el actual contexto inflacionista.
A su vez, aboga por extender la cobertura del bono social eléctrico ampliando el umbral de renta a 40.000 euros para llegar a dos millones de beneficiarios, la prohibición estructural de cortes de suministros energéticos y elevar de inmediato las pensiones no contributivas un 15%, para que esta revalorización de dichas prestaciones llegue a sus beneficiarios el próximo mes de julio.
Por otro lado, en el espacio confederal ven ineludible abordar este año una reforma fiscal en profundidad que introduzca mayor progresividad al sistema, centrado en elevar la tributación de grandes empresas y rentas para financiar el coste de las actuaciones sociales.
Prueba de ello ha sido el impulso de varias iniciativas parlamentarias en el Congreso en esta materia, como la reciente proposición de ley para articular un impuesto a grandes fortunas que no fue respaldado por el PSOE.
