Belarra advierte de que el PP apoya el modelo de incentivos para el alquiler porque favorece a grandes propietarios
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha recalcado que el modelo de incentivos a propietarios, que plantea el PSOE en la nueva Ley de Vivienda, es una «medida ineficaz» a la hora de bajar los precios, aparte de ser «abiertamente antisocial» y beneficiar a los propietarios, algo que evidencia que el PP lo apoye.
Así lo ha indicado en redes sociales en referencia a la posición del coordinador económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, quien ha reconocido este sábado que su formación comparte la vía de incentivos fiscales para la nueva Ley de Vivienda, en línea con lo planteado por el PSOE en su negociación para sacar adelante esta norma: «Nuestro proyecto es un proyecto de incentivos», ha manifestado.
Al respecto, Belarra ha subrayado en Twitter que el «incentivo fiscal no sólo es una medida ineficaz para bajar los alquileres, como dicen los técnicos de Hacienda, sino que además es abiertamente antisocial».
De este modo, hacía referencia al informe elaborado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que los incentivos fiscales propuestos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para regular los alquileres «no lograrán los objetivos previstos en las zonas tensionadas».
Y es que para la futura ministra de Derechos Sociales y negociadora con el PSOE de cara a esta nueva normativa, el sistema basado en incentivos «favorece a quienes más viviendas tienen y a quien pone los precios más caros, y por eso la apoya el PP».
PSOE y Unidas Podemos mantienen discrepancias en la negociación de la nueva Ley de Vivienda. Los morados no aceptan la propuesta de incentivos de los socialistas al ser un «incumplimiento» del acuerdo de gobierno de coalición, refrendado en los Presupuestos Generales del Estado.
Por tanto, la formación morada ha trasladado a su socio un modelo basado en el control de precio obligatorio en zonas de mercado tensionado, basado en un índice de precios en las distintas comunidades autónomas y un registro de contratos para velar por el cumplimiento.
