Batet ve «una gran irresponsabilidad» no sentarse a negociar el CGPJ y recalca que hay que cumplir con la ley vigente

Dice que «hay pocas alternativas» al diálogo y aplaude el «esfuerzo» de los gobiernos central y catalán de tratar de aproximar posturas

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera «una gran irresponsabilidad» no sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los otros tres órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas), y ha subrayado la necesidad de cumplir con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial.

Batet ha respondido así, en una entrevista con el programa Parlamento de RNE recogodas por Europa Press, al ser preguntada si el llamamiento a la actualización de estos órganos constitucionales que hizo esta semana al inicio del nuevo curso parlamentario iba dirigido directamente al PP, cuyo concurso es necesario.

La presidenta ha querido dejar claro en su mensaje a la Cámara del pasado martes iba dirigido al conjunto de los grupos parlamentarios, a los que la Constitución mandata para que lleguen a acuerdos, y porque es lo que, según ha defendido, requiere la institucionalidad del país.

ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL

«Que haya cuatro órganos constitucionales con el mandato caducado no es sólo no cumplir con la Constitución, el ordenamiento jurídico o la legislación actual, es una afectación directa al normal funcionamiento de estos órganos y una falta de cumplimiento de la responsabilidad de las Cortes Generales», ha dicho.

La presidenta de la Cámara Baja ha insistido en que los diputados y los senadores tienen un mandato de la Constitución y que, por tanto, «negarse a sentarse y a adquirir ese compromiso y cumplir con esa responsabilidad es una gran irresponsabilidad».

En este punto, se le ha preguntado si se podría salir del atasco cambiando la legislación actual, sobre todo después de que el PP haya puesto como condición para renovar el CGPJ que el Gobierno se comprometa a reformar el sistema de elección de los vocales de forma que «los jueces elijan a los jueces».

Sobre esta cuestión, Batet ha constatado que las leyes se pueden cambiar pero ha puntualizado que, mientras tanto, «lo que hay que hacer es cumplir con la leyes vigentes». «Creo que eso es indiscutible», ha apuntado, dejando claro que la ley actual ni siquiera es de esta legislatura, sino que se aprobó en una anterior con una mayoría parlamentaria distinta a la actual.

«Igual que a los ciudadanos les pedimos que cumplan las leyes, nosotros también tenemos esa obligación por encima de cualquier cosa, sobre todo para preservar la institucionalidad del país y no deteriorar las instituciones democráticas», ha abundado.

La tercera autoridad del Estado ha confesado tener «una preocupación profunda» por el estado de la democracia española que, en su opinión, necesita de instituciones «muy fuertes, muy solventes y a las que el ciudadanos reconozcan».

LLAMA A DAR EJEMPLO

Y, en ese sentido, ha reiterado, como ya hiciera en el arranque del curso político, la idea de rebajar la crispación porque, según ha argumentado, «un buen antídoto» para combatir la actual «desafección» que los ciudadanos profesan hacia sus instituciones es «la buena educación» y mantener debates de ideas, alternativas y proyectos distintos.

«La falta de respeto, la poca ejemplaridad, el mostrar la incapacidad constante de llegar a acuerdos es un mensaje muy negativo para la sociedad –ha defendido–. Si queremos una sociedad que respete y cuyos ciudadanos actúen ejemplarmente y hablen con quien piensa diferente, empecemos practicándolo nosotros».

Batet sostiene que llegar a acuerdos «siempre es muy complicado» sobre todo cuando más distancia hay en las posiciones de partida, como ocurre en un Congreso con formaciones tan plurales y diversas como el actual, pero ha insistido en que forma parte de las obligaciones de sus señorías «llegar a acuerdos» o, al menos, sentarse a negociar para tratar de alcanzarlos.

Ese es el espíritu que, a su entender, reside en la voluntad de los gobiernos central y catalán de tratar de aproximar posiciones que están «alejadísimas» y reconducir la situación en Cataluña, que está «absolutamente estancada».

La también diputada del PSC sostiene que este es un «esfuerzo que vale la pena», sobre todo porque, según ha manifestado, «hay pocas alternativas en política a sentarse y hablar». «En política tenemos básicamente un instrumento de actuación, que es el diálogo, y todo lo que tenga que ver con potenciar ese instrumento es bueno, y todos lo que estamos en política deberíamos tener esa visión», ha concluido.