Batet propondrá cambios en el sistema de acceso a la Administración y aplicará medidas de modernización
Encarga a Jordi Sevilla dirigir un grupo de expertos que presente antes 2019 medidas de modernización «inmediatamente asumibles»
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles que propondrá cambios en el sistema de acceso a la Administración y ha señalado que quiere que el exministro socialista Jordi Sevilla lidere un grupo de trabajos que proponga medidas concretas para modernizar la Administración Pública.
Según ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública, a la que ha acudido para exponer las líneas generales de la política de su departamento, este grupo deberá cerrar sus trabajos en diciembre para que su Ministerio pueda analizar sus resultados en enero e iniciar «de inmediato» la aprobación de las propuestas que, espera, «sean prácticamente todas».
El grupo de trabajo deberá proponer medidas concretas de modernización de la Administración, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con los ciudadanos, dentro del marco legal vigente, desarrollando para ello previsiones aún pendientes de ser aplicadas, como en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Batet ha explicado que esta comisión la conformarán expertos del mundo académico, de la propia Administración, representantes de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales dedicadas a la relación con la Administración y de los partidos políticos.
Durante su intervención, la ministra ha incidido en que el Gobierno desarrollará previsiones de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aún pendientes de su desarrollo desde su aprobación hace ya once años.
«FLEXIBILIDAD» Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Respecto a los cambios que el Gobierno propondrá en el sistema de acceso a la Función Pública, Batet ha renunciado a iniciar una reforma «de este calado» en la presente legislatura, pero sí ha apostado por «dejar a los futuros equipos un documento de trabajo suficientemente útil y detallado como para abordar de inmediato los trabajos» para su mejora.
La ministra ha apostado por mantener los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero además incorporar «vías vinculadas al previo desarrollo profesional» e «integrar la flexibilidad propia de una evaluación de competencias frente a la mera evaluación de conocimientos» que, ha dicho, «caracteriza» el actual modelo.
«Somos uno de los últimos países en Europa que no hemos adecuado el sistema de acceso y organización en cuerpos de los funcionarios públicos, diseñado en el siglo pasado, a los cambios de la sociedad actual», ha dicho, mencionando la transformación de los estudios universitarios a las nuevas necesidades y exigencias de las carreras profesionales y de las actuaciones de las administraciones públicas.