Bankinter paraliza una demanda cuyo impacto podría ascender a 400 millones al presentar una declinatoria
Bankinter ha paralizado una demanda admitida a trámite por el Juzgado Mercantil número 4 de Valencia al presentar una declinatoria, una herramienta procesal por la que el demandado reclama que el tribunal donde se ha interpuesto no tiene jurisprudencia por falta de competencia territorial, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
Este documento se tiene que presentar dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda y su efecto es el de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará el letrado de la Administración de Justicia.
Bankinter fue notificado el pasado 9 de noviembre de la admisión a trámite de esta demanda, interpuesta por Auge Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales, que emplazó a la entidad para presentar la contestación a la demanda, para lo que contaba con 20 días hábiles.
De esta forma, tras la presentación de la declinatoria, además de la demanda, se paraliza también el llamamiento a afectados al que hacía referencia el decreto judicial, fechado el pasado 25 de octubre y rectificado el 6 de noviembre, hasta que se decida si corresponde presentar o no ante el juzgado valenciano esta petición.
Este juzgado admitió a trámite una demanda de juicio ordinario contra Bankinter por su Hipoteca Muldivisa el pasado 25 de octubre, cuyo interés económico del pleito se fijó en unos 400 millones de euros, que es el impacto en el que los demandantes han determinado como la cuantía que tendría para el banco la eliminación de las cláusulas a tenor de los afectados que podrían acudir al llamamiento.
Asimismo, según figura en el decreto judicial, se suspendía el procedimiento durante el plazo de dos meses para que cualquier afectado pueda personarse y reanudarse posteriormente, ya que se trata de un «hecho dañoso que puede perjudicar a una pluralidad de personas indeterminadas». El despacho de abogados encargado del proceso es Ortega y García Abogados.
«Se acuerda efectuar el llamamiento al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)», señalaba el documento.
