Banco Popular cumple dos años desde su caída y miles de afectados siguen sin respuesta

La entidad ha dejado de existir jurídicamente, pero sigue siendo protagonista de diversos procedimientos judiciales

Banco Popular cumplirá esta noche dos años desde que se convirtió en la primera entidad intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR) y fue vendida a Banco Santander por el simbólico precio de un euro.

Todavía hay abierto un extenso abanico de contingencias por la responsabilidad de lo acontecido en el banco con los 305.000 accionistas y bonistas que perdieron su dinero a raíz de esta actuación.

Los litigios se dirigen contra los antiguos gestores de la entidad y contra todos los organismos que tuvieron que ver en su resolución, como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la JUR.

Los juzgados españoles han recibido un aluvión de demandas civiles reclamando la devolución de lo invertido en acciones del banco y muchas de ellas ya han sido resueltas en sentido favorable para los consumidores, concretamente algunas que denunciaban irregularidades contables.

Popular llevó a cabo en 2012 una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y cuatro años después realizó una segunda que justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo este tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las «irregularidades contables» de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital.

A las autoridades de resolución se les cuestiona el modo en que se llevó a cabo el procedimiento. El FROB ha recibido 1.063 solicitudes por responsabilidad patrimonial en la resolución de Banco Popular, según su memoria de 2018, y existen otras reclamaciones en el mismo sentido contra el Banco de España y la CNMV.

Aunque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite 262 recursos contencioso-administrativos contra el FROB, su tramitación se ha suspendido a la espera de una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR de resolver la entidad y que están a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea.

De su lado, la JUR está inmersa en un procedimiento de audiencia pública y debe decidir si cabe compensar a los accionistas y acreedores por la intervención, aunque de manera preliminar ya avanzó que no resultaría necesario, después de que el informe Valoración 3 de Deloitte concluyese que las pérdidas sufridas por los inversores hubieran sido mayores de haber seguido el procedimiento nacional de insolvencia.

El panel de recurso de la JUR concluyó su conformidad con el acceso a una versión censurada de la decisión de resolución de Popular y de los informes de valoración que utilizó para ello. Varios grupos de inversores han reclamado ante el panel que se publiquen los documentos completos.

LA VÍA PENAL EN LA AUDIENCIA NACIONAL

De manera paralela, hay un procedimiento penal en marcha en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional en el que el Banco Santander ha sido desimputado, al considerar la Sala de lo Penal que la entidad cántabra no tiene ninguna responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan solo por haber absorbido al banco resuelto.

Entre los investigados sí están los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como alrededor de una treintena de nombres vinculados a la entidad aún por confirmar.

Al sumario se ha incorporado el informe hecho público en abril por los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, quienes concluyeron que las causas de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, que sumaron 16.347 millones de euros, derivados de la pérdida de confianza de los depositantes por la mala evolución en Bolsa, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia y noticias y declaraciones sobre la situación del banco.

Los peritos también dictaminaron que las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 publicadas por Popular y reflejadas en el folleto de la ampliación «no respetaban determinados aspectos de la normativa contable», en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso, y que nada de lo anterior implica que el banco fuese inviable.

Otro de los últimos documentos incluidos ha sido un expediente sancionador emitido por el Banco de España a 41 antiguos gestores del banco como consecuencia de presuntos incumplimientos durante 2014 y 2017 de la normativa relativa a la consolidación prudencial y a los requerimientos de recursos propios.

ARBITRAJE INTERNACIONAL Y PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EE.UU.

Al margen de los procedimientos abiertos en España y Luxemburgo, el grupo inversor mexicano MIG, liderado por el accionista de Popular Antonio del Valle, ha iniciado dos arbitrajes internacionales contra España, ya que considera que el país incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México de 2006, culpando así al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por «múltiples actos y omisiones antes, durante y después».

Tras enviar una carta al Ejecutivo en enero de 2018 notificando su intención de iniciar este proceso y pasado el periodo de reflexión de seis meses para que se resolviesen la disputa sin ninguna solución, el grupo mexicano presentó sus solicitudes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas y las Reglas de Arbitraje para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Además, los mexicanos iniciaron en abril del año pasado, junto a los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, procedimientos legales en Juzgados estadounidenses para obligar a Banco Santander a revelar documentación clave sobre la resolución. Este procedimiento es conocido como Discovery y permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos.

El Tribunal dictaminó que solamente Santander Investment Services (SIS), su bróker dealer estadounidense, debía revelar la información de la que disponga relacionada con Popular, aunque esta filial, por su actividad, no tendría por qué tener ningún tipo de documentación al respecto. Los demandantes han recurrido el fallo y presentado una queja ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

SINERGIAS PARA SANTANDER POR LA INTEGRACIÓN

En la presentación de su plan estratégico, Santander anunció que recortaría en el medio plazo sus costes operativos en 1.200 millones de euros, de los que 250 millones corresponden a sinergias adicionales por la integración de Popular, que se suman a las sinergias de 500 millones a partir de 2020 con que contaba tras adquirir la entidad.

Han pasado dos años desde su resolución y Banco Popular todavía está en proceso de ser integrado en los sistemas del grupo Santander. Por el momento, se ha completado la integración tecnológica de las oficinas en las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

Está previsto que el proceso próximo mes de julio finalice el proceso de integración de las 1.584 oficinas procedentes de Banco Popular, si bien muchas de ellas serán cerradas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Santander está negociando actualmente con los sindicatos y que contempla la supresión de 1.150 oficinas y 3.464 empleos.