Ábalos desvincula el retraso en la Ley de Vivienda del 14F y Podemos cree que intenta no perjudicar a Illa

El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este jueves que haya «nada paralizado» respecto a la negociación de la futura Ley de Vivienda, después de que Unidas Podemos haya señalado que no habría nuevas reuniones hasta después de las elecciones en Cataluña para no perjudicar al candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Ábalos ha dejado claro que su Ministerio «es el proponente» y el que está trabajando en un borrador. «Hay compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y hay compromisos políticos con nuestro socio de Gobierno, Unidas Podemos, pero el Ministerio proponente es este», ha remarcado.

El titular de Agenda Urbana ha afirmado que le gustaría, antes de ponerlo a discutir con otra formación política, saber qué contenidos se incluirán finalmente en esta futura norma, con lo que ha justificado así que no se esté compartiendo ningún borrador.

«Es normal que no nos reunamos hasta que tengamos una posición común dentro del Ministerio», ha dicho Ábalos, que ha remarcado que, cuando se alcance esta posición, «no tendrá ningún problema en compartirla con Podemos». «No es un problema de aparcamiento, es un problema de nuestra apropia agenda», ha zanjado, después de que se haya desconvocado la reunión prevista para esta semana.

Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con posiciones alejadas entre los socios de coalición. Un nuevo encuentro estaba previsto ayer pero fue aplazado a este jueves, aunque finalmente la cita se ha desconvocado hasta el final de los comicios catalanes, según la formación morada.

La paralización de los contactos ha sido criticada por el socio minoritario de la coalición, dado que Unidas Podemos expresa su desacuerdo con el retraso de la negociación hasta después del 14F sobre una ley como la de vivienda, que reviste enorme urgencia.

Fuentes de la formación han criticado que la postura del Ministerio de Transportes de negarse a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios catalanes y entienden que ello se debe «presumiblemente» a la «falta de ambición» del texto.

PODEMOS: RETRASO PARA NO PERJUDICAR A ILLA

Desde la formación morada han deslizado «motivos políticos» en la decisión del PSOE de congelar la negociación hasta que pase el 14-F. En este sentido, las mismas fuentes han incidido en que es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las «más avanzadas del Estado», por lo que un texto con medidas «poco ambiciosas», como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, «podría serle perjudicial» al candidato del PSC, Salvador Illa.

En cuanto al estado de la negociación hasta el momento, reprochan que los socialistas siguen negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas que Unidas Podemos ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Los socios de coalición mantienen «discrepancias sustanciales» sobre el contenido de esta normativa, que están negociando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

El calendario que manejaba el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron a Europa Press en fuentes de este departamento, con lo que ya se retrasaba el calendario inicial que pactaron ambas formaciones.

En Unidas Podemos confesaron que existía «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre la normativa, al apreciar que el PSOE sigue «negándose o ignora» la gran mayoría de las propuestas que han planteado desde el ala morada del Ejecutivo.

Los principales desencuentros radican en las propuestas de obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas «efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, todas ellas puntos esenciales para los morados.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses y lamentan que aún no ha recibido respuesta.

El martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.

NO SE CUMPLEN LOS PLAZOS

Por el momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue perfilando el texto de la que será la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia y que regulará, por primera vez, los precios del alquiler, con lo que se retrasa el calendario inicial de aprobarla este mes de enero.

De acuerdo con los plazos que anunció el ministro, José Luis Ábalos, tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos, a finales de enero tendría que haberse aprobado la norma, si bien ahora el calendario que maneja el Ministerio es seguir perfilando la nueva ley hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros.

A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de «limitar» y «eventualmente bajar», los precios de alquiler en zonas de mercado «tensionadas».

Este acuerdo entre los dos partidos del Gobierno motivó que Unidas Podemos retirara la enmienda que, junto a otros grupos parlamentarios, había presentado a los Presupuestos de 2021 para limitar los precios del alquiler.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo «oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

«Vamos a plantear si ayuntamientos y comunidades autónomas tienen esta voluntad para que a partir del índice de referencia de los precios de alquiler puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente», añadió Ábalos hace unas semanas.

Asimismo, afirmó que todos los grupos parlamentarios van a tener «una gran oportunidad para opinar, pensar y proponer», ya que al plantearse como un proyecto de Ley, «se genera un proceso de participación».