Ábalos comparece mañana ante la comisión del Congreso que estudia su suplicatorio, que podría aprobarse a final de mes

PSOE y PP pidieron celebrar reuniones en enero para tramitar cuanto antes la petición del Supremo para investigarle por el caso Koldo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos tiene previsto comparecer este lunes ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para exponer sus alegaciones ante el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigarle por su presunta implicación en el caso Koldo , una decisión judicial contra la que presentó un recurso que ya ha sido rechazado por el instructor de la causa.

La comisión que preside el diputado del PP Manuel Cobo, encargada de tramitar la solicitud del Alto Tribunal, acordó por unanimidad el pasado 27 de diciembre dar de plazo a Ábalos hasta el 13 de enero para remitir sus alegaciones por escrito o bien acudir presencialmente en esa fecha para explicarse ante la comisión.

El Reglamento del Congreso establece que se debe dar audiencia al afectado por una de esas dos vías, pero el también ex secretario de Organización del PSOE ya comunicó el pasado 3 de enero su intención de acudir a dar personalmente su versión ante los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados. La comparecencia, como todas las sesiones de esta comisión, se celebrará a puerta cerrada.

MÁXIMO DE 30 DÍAS

Reglamentariamente, este órgano tiene 30 días para resolver los suplicatorios, pero en este caso ese plazo chocaba con el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, para no tener que retrasar su tramitación hasta febrero, cuando arranca el periodo ordinario de sesiones, PSOE y PP pidieron autorización para poder convocar la comisión este lunes y se les concedió.

El ahora diputado del Grupo Mixto ya dejó claro su rechazo a la petición del suplicatorio en el recurso de forma que presentó ante el Tribunal Supremo y que el juez instructor Leopoldo Puente archivó el pasado martes.

Ábalos pidió la nulidad de las actuaciones alegando que ha habido una investigación ilegal contra su persona, pues defiende que se han vulnerado «tanto las garantías procesales como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». Por eso ya avanzó que si no se atendía su recurso, como así ha sido, recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional.

El exministro incluyó en su recurso la denuncia que tiene presentada la Fiscalía General del Estado por haber sido investigado la Unidad Central Operativa (UCO), pese a ser aforado, dado que se accedió a su correspondencia privada violando así el secreto de las comunicaciones.

Además, Ábalos se quejó de que el instructor pidió el suplicatorio al Congreso basándose en «tres únicas diligencias practicadas»: la declaración de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, la declaración de Koldo García, quien fuera su asesor en el ministerio, y «observaciones telefónicas y documentación» aportadas la Audiencia Nacional y practicadas por la UCO.

El instructor le respondió con un auto en el que negaba haber actuado por «meras sospechas» y defendía que existen «indicios bastantes» para investigar su papel en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, así como los informes de la UCO.

Tras escuchar su versión, la Comisión del Estatuto de los Diputados se reunirá para aprobar sus conclusiones y se da por hecho que se pronunciará a favor del suplicatorio. El Reglamento establece que debe votarse en el siguiente Pleno ordinario –que no tendrá lugar hasta febrero cuando arranque en nuevo periodo de sesiones–, pero la previsión es el asunto se trate en una sesión plenaria que se calcula para finales de enero, previo acuerdo de la Junta de Portavoces.

TODO EL PROCEDIMIENTO ES A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Armengol dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

NO SE RECHAZA UN SUPLICATORIO DESDE 1988

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En el caso de Ábalos, se da por segura la concesión del suplicatorio ya que incluso el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando tenga lugar la votación, ya que su deseo es esclarecer el caso lo antes posible y llegar hasta el final.

El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).

En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también popular Jesús Merino por el caso Gürtel . El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el caso GAL o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.