Bachelet percibe un «deterioro continuo» de los Derechos Humanos en Bielorrusia

La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH pide la liberación «inmediata» de detenidos y un diálogo nacional «inclusivo»

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha lamentado que «no ha habido ninguna mejora» en el respeto de derechos y libertades en Bielorrusia en los últimos meses y que, de hecho, en las últimas semanas se ha detectado un «deterioro continuo» de la situación, por lo que ha instado al Gobierno de Alexander Lukashenko a cesar la represión e iniciar un diálogo.

La oficina de Bachelet estima que más de 27.000 personas han sido detenidas desde las elecciones del 9 de agosto, en las que Lukashenko obtuvo un sexto mandato consecutivo pese a las acusaciones de fraude vertidas desde la oposición. Pese al tiempo transcurrido, las protestas continúan y también los arrestos, como lo demuestra el hecho de que unas mil personas fuesen detenidas el 8 de noviembre, unas 700 el día 15 y casi una veintena el pasado lunes.

Además, las penas impuestas contra estos manifestantes se están haciendo «más graves», ya que pese a que inicialmente se presentaban solo cargos administrativos, en las últimas semanas están aumentando las multas o las órdenes de detención durante 15 días.

Bachelet ha alertado de que cada vez son más los manifestantes imputados con delitos que pueden conllevar «fuertes penas de prisión». Tras la marcha del 1 de noviembre, 231 persona fueron acusadas de «organización y participación activa en acciones que violan gravemente el orden público», castigado con hasta tres años de cárcel.

La represión se extiende a dirigentes opositores, a periodistas –373 han sido detenidos desde agosto–, defensores de los Derechos Humanos o abogados, entre otros sectores críticos a ojos del régimen. Bachelet ha alertado además de las sanciones disciplinarias impuestas contra profesores y estudiantes por participar en las movilizaciones.

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA

La Alta Comisionada, que ha ofrecido un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha mostrado también «profundamente preocupada» por el posible uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, recordando que las intervenciones deben ser «excepcionales, proporcionadas y una medida de último recurso».

En este sentido, ha lamentado que pese a que las protestas hayan sido por lo general pacíficas, se han enfrentado a una represión «sistemática» y en ocasiones «violenta» por parte de las fuerzas de seguridad, que habrían recurrido a un uso «innecesario y excesivo» de la fuerza, según la valoración de la expresidenta chilena.

Al menos cuatro personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas, mientras que se han dado casos de palizas o persecuciones que ponen en tela de juicio la actuación de las autoridades. Bachelet ha apuntado que hay informaciones «creíbles» de golpes infligidos a detenidos, lo que de confirmarse supondría malos tratos y, «en algunos casos, podrían equivaler a tortura».

Bachelet, de hecho, se ha mostrado «alarmada» por las «numerosas» quejas de tortura y tratos degradantes recibidas por su oficina –unas 2.000 solo hasta finales del mes de octubre– y ha señalado que, pese a la supuesta extensión de los abusos, no hay constancia del resultado de las investigaciones ni de apoyo a las víctimas, lo que lleva a que muchas de ellas ni siquiera denuncien «por miedo a represalias».

La ONU también vincula con la violencia a «hombres enmascarados, sin insignias ni identificación» y supuestamente afines a Lukashenko, mientras que se ha dado caso de traslados en vehículos no identificados. «Todo ello genera un clima de miedo y una atmósfera de anarquía e impunidad», ha criticado la Alta Comisionada.

LIBERACIÓN «INMEDIATA» DE DETENIDOS

Bachelet ha reclamado pasos a Lukashenko para solventar la situación actual, lo que pasa por la liberación «inmediata» de todas aquellas personas que hayan sido detenidas de forma «ilegal o arbitraria» simplemente por manifestarse, así como a respetar el derecho básico de reunión y evitar cualquier actuación «violenta».

La ONU aspira a que se lleven a cabo investigaciones «rápidas, completas, independientes e imparciales» que permitan esclarecer los posibles abusos, de tal forma que se garantice la rendición de cuentas y la atención a las víctimas y sus familias. La Alta Comisionada ha lamentado que su equipo no haya podido acceder por el momento a Bielorrusia para investigar.

En última instancia, Bachelet ha instado al Gobierno bielorruso a iniciar un diálogo nacional «sincero, respetuoso e inclusivo», algo a lo que Lukashenko siempre se ha negado por entender que quienes protestan contra su Gobierno operan al servicio de agentes externos.