Bachelet insta al Gobierno británico a que adecue su ley de migración a los estándares internacionales
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un llamamiento al Gobierno británico para que adecue su propuesta de ley de migración a los estándares internacionales.
El Ejecutivo de Reino Unido presentó el pasado mes de julio el proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras que, aunque recibió luz verde en la Cámara de los Comunes (Cámara Baja), fue rechazado en la Cámara Alta, donde los lores recomendaron una serie de modificaciones que, precisamente, van en la línea de la normativa internacional que defiende Naciones Unidas.
En este punto, Bachelet considera que el «rechazo rotundo» mostrado por la Cámara de los Lores debería hacer ver al Gobierno de Boris Johnson que tenga en cuenta las «enmiendas significativas» a su ley de inmigración.
«Insto al Gobierno y a los parlamentarios en la Cámara de los Comunes a que actúen de acuerdo con esta señal y ajusten la legislación propuesta al derecho internacional de los Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de 1951», ha defendido la alta comisionada.
Para Bachelet, la normativa propuesta por Downing Street, en caso de implementarse, no haría más que «penalizar» a aquellas personas que ingresan en Reino Unido de forma irregular tratándoles «como si fueran delincuentes».
Si esto se produjera, Londres estaría contraviniendo los estándares internacionales y separaría a los solicitantes de asilo en «dos niveles», violando así «el derecho de cada persona a una evaluación individual de sus propias necesidades de protección».
Asimismo, Bachelet ha denunciado que la normativa se apunta a «criminalizar» a quienes «facilitan la migración irregular», lo que podría disuadir el rescate de migrantes en alta mar. «Esto podría tener consecuencias nefastas, incluida una pérdida de vidas más trágica en el Canal (de la Mancha)».
Según datos de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, Reino Unido recibió más de 48.500 solicitudes de asilo a lo largo de 2021, sin embargo, según apuntan los más críticos con la propuesta de Johnson, la reforma podría facilitar el enjuiciamiento de estos solicitantes antes de que tengan la oportunidad de tramitar su petición.
«Los centros de procesamiento extraterritoriales propuestos expondrían a los solicitantes de asilo a riesgos reales de traslados forzosos, períodos prolongados de aislamiento y privación de libertad, violando sus derechos humanos y su dignidad», ha zanjado Bachelet.
