Bachelet denuncia que en Nicaragua no hay progreso en materia de DDHH y la impunidad por la Ley de Amnistía
Asegura que el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna de las recomendaciones que le trasladó en septiembre de 2019
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que en Nicaragua no se han registrado progresos en materia de Derechos Humanos en los últimos meses y que la Ley de Amnistía «ha favorecido la impunidad» de los responsables de «graves violaciones de los Derechos Humanos».
«Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no se ha observado progreso en la situación de Derechos Humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018», ha afirmado Bachelet, en su intervención en la cuadragésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
Bachelet ha contado que su oficina ha registrado en los últimos meses «30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de Derechos Humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas».
«También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental, el 19 de julio en La Trinidad, Estelí. Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales», ha argumentado.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Amnistía «ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos» y ha recordado que ella misma advirtió de este riesgo en varias ocasiones.
En este sentido, ha señalado que, según organizaciones de la sociedad civil, hay 94 personas «percibidas como opositoras al Gobierno» que «siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes».
«Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente», ha afirmado.
Bachelet ha señalado que la pandemia de coronavirus «continúa afectando» a «una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales». Tras recordar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una caída del 8,3 por ciento de la economía de Nicaragua con aumentos de paro y de nivel de pobreza, la Alta Comisionada ha asegurado que la respuesta del Gobierno de Managua «ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico» y «sigue evidenciando la necesidad de mayor transparencia y difusión de la información».
«Los datos oficiales solo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada», ha denunciado, para después recordar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya ha admitido que ha tenido que recurrir a datos de «fuentes no oficiales» para analizar la situación en el país.
Bachelet ha declarado que le preocupa «especialmente» la «falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor».
DENUNCIA EL AUMENTO DE FEMINICIDIOS
Bachelet ha hablado además del aumento de «feminicidios» en Nicaragua que han denunciado las organizaciones de mujeres, con 50 crímenes de este tipo registrados hasta el 31 de agosto frente a los 44 contabilizados en el mismo periodo de 2019.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que a su oficina le «preocupa» la diferencia con los datos oficiales del Gobierno nicaragüense, que menciona únicamente «once feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020», evidenciando así «un posible sub-registro», «lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes».
Bachelet se ha referido igualmente a la situación de la libertad de prensa y ha denunciado los procesos por calumnias e injurias abiertos en contra de dos periodistas y los actos de «intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional» en contra de directivos y personal de dos emisoras de radio críticas en Bluefields y León. «También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos», ha añadido.
Por último, ha asegurado que la mayoría de las recomendaciones que formuló en su informe de septiembre de 2019, incluidas las de reformas electorales e institucionales, «aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones».
«Insto nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021. Le insto también reanudar una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo», ha concluido.
