Azcón dice que si el TC «actúa con normalidad», declarará la inconstitucionalidad de la amnistía


ZARAGOZA, 3

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este martes que «tiene que imperar el sentido común y el respeto al Estado de derecho» y que si el Tribunal Constitucional (TC) «actúa con normalidad», declarará la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, como ya han avanzado «expertos en Derecho de toda España».

Así se ha pronunciado Azcón después de conocerse que el TC ha admitido por unanimidad el recurso presentado por las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se trata del primero de los 15 recursos de inconstitucionalidad presentados contra esta norma por parte de los ejecutivos y asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. «A los aragoneses, defender lo que es de todos nos sienta especialmente bien y estamos especialmente contentos», ha expresado.

En palabras del presidente autonómico, «es un auto por unanimidad del TC que da y quita razones», y ha asegurado que este recurso –impulsado por PP, VOX, Teruel Existe y el PAR– «tuvo en contra a todos los partidos de izquierda en las Cortes de Aragón, empezando por el PSOE». «La realidad es que nos dijeron que no se podía», ha añadido, por lo que ha considerado «una buenísima noticia» la admisión a trámite porque «los aragoneses representados en las Cortes creemos que la ley de amnistía es una ley injusta y que va contra la Constitución».

Además, ha recordado que existe una «mayoría abrumadora» de los operadores jurídicos españoles que creen que esta norma «no cabe en la Constitución», incluidos el PSOE y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «pensaban que no cabía en la Constitución».

«Es una satisfacción que los aragoneses estemos a la vanguardia de la defensa de la Constitución y de la defensa de la igualdad», ha afirmado Azcón, quien ha recalcado que «todo el mundo sabe que la amnistía es un maltrato de poder a cambio de sillones» y que el presidente del Gobierno «da a partidos catalanes lo que está fuera de la legalidad, lo que está fuera del Estado de derecho y lo que está fuera de la Constitución».

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