AVA lamenta que el Gobierno excluya de la ayuda asociada de frutos secos a las comarcas más productoras
VALENCIA, 6
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) critica que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, ha aprobado el Real Decreto 168/2025, que «deja fuera» de la ayuda asociada de la Política Agraria Común (PAC) para los productores de frutos secos de secano en áreas con riesgos de desertificación a «las comarcas de Valencia y Castellón más productoras de almendras y algarrobas».
Según AVA, el Gobierno incluye en esta ayuda a Sagunto, Huerta de Valencia y Campos de Liria en la provincia de Valencia y a La Plana y Litoral Norte en la provincia de Castellón.
Sin embargo, denuncia, «excluye de la lista a todas las comarcas del interior que producen más frutos secos y que igualmente sufren falta de precipitaciones, como la Hoya de Buñol, Utiel-Requena, Valle de Ayora, Los Serranos, Alto Palancia, Alto Mijares, L Alcalatén, Alt Maestrat y Els Ports».
«No en vano, en 2024, la producción de almendras y algarrobas en estas zonas del interior experimentaron un descenso de hasta el 70% a causa, principalmente, de la sequía», apunta en un comunicado.
«Pese a la exigua cantidad que representa dicha ayuda (en 2024 el importe fue de 64 euros por hectárea)», AVA exige al Gobierno que incluya como beneficiarias a todas las zonas productoras de frutos secos.
«El reglamento recuerda que todos los productores de almendro, avellano y algarrobo en secano en la península perciben la ayuda si el cultivo se realiza en una pendiente superior al 10%, una circunstancia que únicamente afecta a una mínima parte del sector».
En cambio, la entidad agraria valora positivamente la modificación en la regulación sobre el potencial de producción vitivinícola, a través del Real Decreto 1308/2024, que amplía el plazo para la presentación de autorizaciones de replantaciones de viñedos hasta el final de la quinta campaña vitícola siguiente a aquella en que haya tenido lugar el arranque, a fin de adaptarlo a la nueva normativa de la Unión Europea, porque «favorece una mejor recuperación del terreno sin perjuicio de pérdida de los derechos de plantación de viñedos».
