Asufin pide amparo al Ministerio de Justicia ante la insistencia de la banca en litigar hasta el final

Denuncia que las entidades remiten a sus clientes a los tribunales, en lugar de buscar una solución extrajudicial

La asociación de usuarios financieros Asufin ha pedido amparo al Ministerio de Justicia ante la saturación que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas, que se ve acrecentada por la insistencia de algunas entidades bancarias en alargar los procesos y recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que alarga los procesos y supone un coste elevado para el consumidor.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, esperando que «sirva de reflexión» y suponga el inicio un diálogo entre el Ministerio y la asociación de usuarios financieros.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, reprocha que, tras más de una década impulsando medidas para agilizar los procesos judiciales, la situación «ha empeorado notablemente». Según expone, un afectado de la banca que reclama legítimamente la devolución de su dinero con toda la jurisprudencia a su favor tiene que esperar más cuatro años para que se resuelva su caso.

En concreto, la admisión a trámite lleva una media de dos años en demandas multidivisa y de tres y cuatro años en cláusulas suelo en el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, dos años en el juzgado 50 de Barcelona, hasta tres años en el de Málaga y dos años en los de Cádiz, Zamora y Valencia.

La presidenta de Asufin reprocha que la saturación de los juzgados, la escasez de medios personales y materiales y «la desidia política» para poner remedio a esta situación vulnera los derechos de los ciudadanos y genera «indefensión y dilaciones indebidas».

Pero al margen de la falta de medios, la asociación ha detectado un cambio de tendencia en las contestaciones de las entidades a las reclamaciones bancarias, que dirigen a los afectados directamente a los tribunales, en lugar de ofrecerles una solución extrajudicial.

Esta falta de voluntad negociadora lleva a que la única solución para que los afectados recuperen el dinero sea la demanda individual, un proceso «costoso, doloroso y dilatado en el tiempo».

Para denunciar la «mala praxis» de las entidades bancarias, Asufin acompaña su carta al Ministerio de Justicia de varias de estas notificaciones en las que el servicio de atención al cliente de los bancos remite al usuario directamente a los tribunales.

«Retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia les es contraria. Un sistema que les sale sumamente rentable, pues disuade a los consumidores de reclamar y que supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado», lamenta Patricia Suárez.

Asufin resalta además que el 97,55% de las demandas ya resueltas en los juzgados especializados da la razón al consumidor, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que litigar tiene un coste no solo para el demandante, sino para las arcas públicas, pues los ciudadanos pagan con sus impuestos «unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor».

RECARGOS PARA ENTIDADES QUE INSISTAN EN PLEITEAR

De este problema ya se hizo eco el vocal del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán, quien planteó a Justicia que se aplicasen recargos de entre el 9% y el 20% para los bancos cuando pleiteen hasta el final con casos iguales a los que han perdido, según informó El País .

Asufin no ha incluido esta propuesta en su carta, pero la asociación está a favor de la medida y ha invitado al magistrado a participar en su próximo webinar sobre litigiosidad bancaria.

«En Asufin estamos de acuerdo con las iniciativas que vayan en la línea de impedir de manera más contundente que las entidades obliguen a los consumidores a litigar, como es ejemplo el plan de choque presentado el año pasado a Justicia por el magistrado del CGPJ, Gerardo Martínez Tristan, que proponía la imposición de recargos de hasta el 20%», dijo a Europa Press un portavoz de la asociación.