Asteo cerró 2025 con 320.500 hogares rurales pasados por fibra (+48%) y acumula una inversión de 73 millones

Asteo, operador mayorista de fibra óptica neutra especializado en zonas rurales muy poco habitadas, cerró 2025 con alrededor de 320.500 hogares pasados por fibra, lo que supone casi un 48% más que los casi 217.300 con los que terminó el ejercicio previo, según ha detallado el consejero delegado de Asteo, Pedro Abad, en una entrevista con Europa Press.

Las cifras, que consolidan una inversión acumulada de casi 73 millones de euros desde 2021, se situán en línea con las previsiones iniciales de despliegue planteadas por la compañía para 2025, dado que los planes apuntaban a un incremento de la cobertura de su red de un 50%.

Asimismo, la cobertura de la infraestructura de Asteo también ha incrementado su presencia territorial, dado que a cierre de 2025 su fibra está disponible en 716 municipios españoles (la mayoría de ellos con menos de 1.000 habitantes), frente a los 496 en los que terminó el año pasado, es decir, 220 localidades más (+44% interanual).

En ese sentido, los esfuerzos de despliegue de Asteo se han concentrado en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque Abad ha desvelado que la empresa está trabajando para llegar con su infraestructura a Cuenca este mismo año.

PREVISIONES

Las previsiones de la compañía pasan ahora por culminar en el segundo trimestre de 2027 su proceso de inversión inicial, compuesto por 100 millones de euros procedentes de capital privado y otros 20 millones de euros de fondos públicos (13,5 millones de los programas Único del Gobierno para fibra rural y 6,5 millones de euros del programa Connecting Europe Facility).

De este modo, para finales de junio Asteo prevé que su red de fibra rural neutra cuente con una cobertura de unos 420.000 hogares y presencia territorial entre 900 y 1.000 municipios españoles.

Abad también ha indicado que en 2026 Asteo también se centrará en la comercialización de su red y ha indicado que el año pasado Digi se sumó al grupo de alrededor de 20 operadoras que ofrecen sus servicios de conectividad a través de su infraestructura en el ámbito rural.

En esa línea, el directivo ha indicado también que en 2025 ha homologado su red para poder ser utilizada por la parte de conectividad empresarial de Orange (B2B).

Asteo nació en 2021 y su accionista mayoritario es el fondo de infraestructuras europeo CEBF (Connecting Europe Broadband Fund) –gestionado por Cube Infrastructure Managers–, aunque también ha sido beneficiaria de distintas ayudas públicas para el despliegue de fibra rural en este periodo.

Su modelo de negocio se basa en desplegar fibra óptica hasta el hogar (FTTH) XGS-PON, que soporta velocidades de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps), y en construir las redes interprovinciales –ya dispone de 2.800 kilómetros de backhaul , 600 más que en 2024– para ofrecer a cualquier teleco la posibilidad de comercializar sus servicios de voz, internet o televisión a través de sus redes.

VETO DE BRUSELAS A HUAWEI Y ZTE

Por otro lado, Abad ha reconocido que la mayoría de los equipos que emplea Asteo para esa fibra óptica XGS-PON son de origen chino, es decir, de Huawei o ZTE en la mayoría de los casos.

En ese sentido, a comienzos de esta semana la Comisión Europea dio un paso más para forzar a los gobiernos europeos a excluir de sus redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas a proveedores extranjeros de alto riesgo como Huawei y ZTE al plantear que sean obligatorias las recomendaciones de seguridad para las redes 5G que Bruselas trata de inculcar desde hace años de manera voluntaria, con éxito desigual entre los países del bloque.

En relación con qué impacto puede tener la potencial implementación de esa medida en el negocio de Asteo, Abad ha destacado que todavía existen demasiados interrogantes.

«¿Qué infraestructura se va a considerar? ¿Qué es infraestructura crítica? ¿Qué plazos de ejecución se acometerían? ¿Qué ámbito de responsabilidad tendría la operadora frente a una potencial normativa? Es decir, yo creo que ahora mismo es precipitado tomar una posición», ha señalado.

«Esto tiene una magnitud tal que, cuando se baja al terreno, es de una magnitud económica que tiene muchas derivadas. La primera es que si esa normativa nos obligara a nosotros a reinvertir sobre una red desplegada, recientemente además, se restarían enormes recursos de seguir desplegando nuevas redes en territorios que tienen esa necesidad», ha advertido.

En esa línea, también le asalta la duda de que si se llegase a ese escenario se pondría sobre la mesa algún tipo de programa de ayudas públicas para la sustitución de equipos de proveedores de riesgo.

Sobre la justificación de esas potenciales ayudas públicas, esgrime que las mismas tienen más sentido si se trata de una decisión geopolítica que si se plantea como una cuestión de obsolescencia o de capacidades, es decir, con un trasfondo de tipo técnico.

«Es un tema que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, porque tiene muchas dimensiones», ha advertido.