ASPE considera inviable implantar la ley sobre ratios de enfermería tanto en la sanidad pública como en la privada

Entiende que es «inalcanzable dada la situación de escasez de personal que afecta a todo el sistema sanitario»

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha puesto en entredicho la viabilidad de la ley sobre ratios de enfermería para garantizar la seguridad del paciente -aprobada recientemente su tramitación en el Congreso de los Diputados-, al considerar que «no es realista, ni en el ámbito público ni en el privado».

«Esta medida supondría incrementar en un 800 por ciento la cantidad de profesionales de enfermería en algunos territorios con amplia despoblación, algo inalcanzable dada la situación de escasez de personal que afecta a todo el sistema sanitario», ha señalado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Según ASPE, esta escasez no es exclusiva del sector privado, sino que también afecta de forma significativa a la sanidad pública. Desde hace años, la patronal de la sanidad privada ha solicitado una solución conjunta para abordar esta problemática. «ASPE también demanda una solución al problema de la escasez de profesionales, pero creemos que esta no es la vía más adecuada. El uso exclusivo de un criterio pacientes/enfermeros es incompleto y ya está superado en la práctica clínica. Deberían considerarse otros criterios adicionales», ha afirmado Rus.

En este sentido, incide en la importancia de la participación de otros perfiles profesionales, como los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). «Ignorar esta contribución implica una visión incompleta de la realidad asistencial, ya que hay muchos más profesionales implicados en la seguridad y salud del paciente», indica Carlos Rus.

Para ASPE, además, la aplicación de esta Ley no tiene en cuenta la diversidad de tipologías de centros sanitarios y las diferencias estructurales y de recursos en la España despoblada. «Los centros situados en zonas rurales enfrentan ya dificultades para cubrir sus plantillas, por lo que imponer ratios uniformes supone un obstáculo aún mayor para su sostenibilidad. Estas diferencias requieren un enfoque flexible y adaptado a la realidad de cada territorio, no una medida uniforme e inflexible», sugiere el presidente de la patronal.

«CONFLICTO DE COMPETENCIAS»

Otro aspecto que ASPE considera fundamental es el «conflicto de competencias que esta Ley generaría con las comunidades autónomas, a quienes corresponde la organización de los recursos sanitarios». Así, la Alianza explica que las regulaciones autonómicas ya establecen ratios de personal para el funcionamiento de los centros sanitarios, por lo que «esta normativa impuesta desde el ámbito estatal podría ser interpretada como una intromisión en competencias transferidas».

«Esta medida extra supone una nueva carga administrativa, imposible de materializar, inconcreta y que carece de sentido y fundamento», apunta Carlos Rus, quien ha destacado que la proposición de ley no viene acompañada de una memoria económica que explique cómo se financiará el incremento de plantilla, ni se presenta un análisis riguroso de la situación actual de los profesionales por paciente.

ASPE subraya que la aplicación de esta normativa sin una dotación presupuestaria adecuada «pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema, tanto público como privado», y «obligaría a las empresas sanitarias a asumir costes insostenibles, con el consiguiente riesgo de cierre de centros».

Por último, la patronal apunta que la escasez de profesionales de enfermería requiere una «reforma integral» en la organización de los recursos humanos en el sector sanitario. En este sentido, ASPE defiende la necesidad de empoderar a la enfermería con nuevos roles y competencias, pero también de fortalecer la figura de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).