Asociaciones agrarias piden precios de referencia y garantías de cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria

Asociaciones agrarias han reivindicado este martes en el Congreso la necesidad de contar con precios de referencia y garantías de cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, especialmente en lo referente a los precios, los períodos de pago o las obligaciones contractuales, con una mayor dotación de medios a la inspección.

Todo ello en las comparecencias desarrolladas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja, que esta semana recibe a prácticamente 30 representantes del sector primario para analizar la reforma de Ley de Cadena Alimentaria que tramita en estos momentos el Congreso.

Las asociaciones de productores han expuesto una situación de desigualdad en relación a la gran industria de transformación y distribución, han pedido mecanismos de control de prácticas comerciales desleales y un mejor reparto de los riesgos, así como la garantía de remuneración para, cuando menos, cubrir los costes.

LAS REIVINDICACIONES SIGUEN EN PIE: «PRECIOS JUSTOS, RENTAS DIGNAS»

Tal y como ha recordado el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, los trabajadores del campo únicamente suspendieron sus movilizaciones por la pandemia. «Se acabaron las movilizaciones, pero no las reivindicaciones. Queremos precios justos y rentas dignas», ha sostenido.

Blanco ha reclamado impulsar un índice de referencias oficial desde la Administración, como por ejemplo desde el Observatorio de la Cadena Alimentaria, y no desde las interterritoriales, un registro de los contratos, la figura del mediador en la cadena alimentaria y la prohibición de la venta a pérdidas.

«No hay excusas para decir que no podemos poner índices de referencias», ha abundado, por su parte, el el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, que ha puesto el ejemplo de las lonjas como referencia de precios, pero que también ha incidido en la necesidad de cumplir la ley.

MÁS RECURSOS PARA LA INSPECCIÓN

Por ejemplo, en el plazo de 30 días de pago en los productos perecederos o en la obligación de contar con contratos en las transacciones de los mismos –«no llegamos al 3% de contratos», ha dicho–, señalando que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) «no da abasto» y ha subrayado la necesidad de dotarla de medios y «poder sancionador».

Barato ha pedido potenciar los estudios del coste de producción por parte de la Administración para poder obtener datos de referencia y comprobar si se está cumpliendo lo establecido por ley, facilitar la transparencia en la comercialización, formación de precios y evitar «subterfugios que buscan saltarse la ley».

Ha llegado incluso a hablar de un doble etiquetado con el precio pagado al productor y el precio de consumo. «¿Vale para algo? Creo que no, pero para que se le caiga la cara de vergüenza al que está abusando», ha dicho.

LOS PRECIOS, DE ABAJO A ARRIBA

Por parte de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), su vicesecretaria general, Montserrat Cortiñas, ha incidido en la necesidad de proteger la identidad de los denunciantes de infracciones en la cadena, que los índices de precios sean «objetivos, transparentes, verificables y no manipulables» y sirvan de referencia para la fijación de productos.

También ha lamentado la ausencia de un mediador que garantice la cobertura de los costes y ha pedido «cambiar la cultura de este país en la conformación de precios». «Estamos ante una oportunidad histórica, y en vez de fijar el precio en la parte final de la cadena, hay que hacerlo al revés: Que la conformación de precio se haga desde la producción», ha reivindicado.

Asimismo, UPA ha criticado como «cortina de humo» las críticas de «grupos de interés» que alertan de una pérdida de calidad por determinado lote o sobreoferta ya que, ha señalado, la ley permite una venta temporal por debajo del precio, al ofrecer diferentes fórmulas para calcular este coste si se compensa posteriormente.

DEFINIR LA POSICIÓN DE DOMINIO

Entre las propuestas trasladadas por la Unión de Uniones y su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, está la definición de posición de dominio, la prohibición de la reventa a pérdidas, regular la venta a pérdidas y la fijación de una fórmula de cálculo de los costes de producción a partir de mecanismos oficiales.

Esta organización defiende que, además de perjudicar a los agricultores, el funcionamiento de la cadena alimentaria también perjudica al consumidor, tras constatar durante los meses de pandemia una escalada de hasta siete puntos en el diferencial entre precios de origen y destino.