Asamblea de Nicaragua aprueba expropiar los bienes de Cruz Roja, que pasará a manos del Ministerio de Salud
La Asamblea de Nicaragua ha aprobado este martes la cancelación jurídica de Cruz Roja, constituida como asociación, y ha dado luz verde a una nueva legislación que confisca todos sus bienes, por lo que pasará así a ser un ente «adscrito» al Ministerio de Salud.
«Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenecieran a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado», reza el documento, que agrega que la ya exasociación es un «ente descentralizado».
La derogación de Cruz Roja Nicaragüense como asociación, así como la creación de la citada organización en sustitución de la anterior, ha sido aprobada con 91 votos a favor en la Asamblea Nacional, según ha informado el diario La Prensa .
El Gobierno de Nicaragua envió en marzo de 2022 una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para informar de la expulsión del jefe de la misión del país, Thomas Ess. Pese a ello, la coordinadora de comunicación para México y América Central de la organización, María Cristina Rivera, aseguró entonces que seguían comprometidos con su labor humanitaria en el país.
El CICR es la única organización internacional que tiene acceso a visitas a los presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua. En marzo publicó un informe en el que alertaba de las «graves consecuencias humanitarias» tanto en México como en América Central, con énfasis en Nicaragua.
Las protestas de 2018 contra el Gobierno de Nicaragua se alargaron hasta septiembre y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno. La ONU estima que, desde diciembre de 2018, más de 3.100 organizaciones han sido cerradas.
El Gobierno de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Esto ha ido acompañado de otras medidas, como la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, la privación de nacionalidad a los disidentes o la expulsión de embajadores del país.
