Arrimadas celebra la anulación del «pasteleo» de PSOE y PP para renovar la AEPD

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado este miércoles la anulación del «pasteleo» del PP y el PSOE para renovar a la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), después de que el Tribunal Supremo haya anulado el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero por el que se comunicó al Congreso de los Diputados los nombres de los candidatos a la Presidencia y Adjuntía del organismo.

«PSOE y PP pastelearon un reparto vergonzoso de la AEPD, como en RTVE, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Pero en este caso, además, violando la ley», ha trasladado Arrimadas a través de su cuenta en la red social Twitter, donde se ha hecho eco de la noticia de la anulación por parte del Tribunal Supremo.

La líder de la formación naranja ha tildado el «reparto» de «abuso» y ha resaltado que Ciudadanos «lo denunciaron desde el primer momento». «Gran noticia», ha zanjado.

Los magistrados del Supremo han considerado que el procedimiento por el que PP y PSOE acordaron los nombramientos está viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya dictó en marzo un auto por el que suspende el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero por el que el Gobierno comunicaba al Congreso sendas ternas de candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la AEPD.

Ahora, en sentencia, ha considerado pertinente anular el acuerdo del Consejo de Ministros a petición de uno de los aspirantes que consideró vulnerado su derecho fundamental al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad ante el hecho notorio de que el nombramiento estaba decidido antes de convocarse el proceso selectivo.

El Gobierno y el PP ya habían anunciado hacía meses un acuerdo para nombrar presidenta de la AEPD a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y como adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.

Los nombres se dieron a conocer en octubre, junto con los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y fue un mes después cuando se convocó el concurso público del que supuestamente debían salir los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto, y ambos tienen que ser ratificados por la Comisión de Justicia en el Congreso.

A principios de marzo, el Gobierno envió a la Cámara dos ternas de candidatos, una para uno de los puestos a elegir. El órgano de gobierno de la Cámara tomó nota de las mismas y las remitió a la Comisión de Justicia, pero advirtió al Ejecutivo de que había remitido hasta seis candidatos cuando, según la ley que rige esta entidad, debería haber enviado sólo dos: uno para la Presidencia y otro para la Adjuntía.

Para la Presidencia, además de la candidata pactada con el PP, se propuso a Leonardo Cervera Navas y Ricard Josep Martínez Martínez, mientras que la terna para la Adjuntía la completaban, junto con Adsuara, José Ignacio González González y Pilar Aránzazu Herráez López.