Arrenta ve «poco prácticas» las medidas del Gobierno para el alquiler
Arrenta considera «poco prácticas y excesivamente complicadas de aplicar» las primeras medidas adoptadas por el Gobierno en materia de alquiler para superar la crisis del coronavirus, por lo que cree que podrían convertirse en «ineficaces» a medio plazo. Además, ve «falta de proporcionalidad» en el caso de grandes tenedores.
En una nota, la compañía ve necesario que se concreten «más y mejor» para evitar casos de abuso o de incumplimiento masivo del pago de los alquileres a partir de abril, lo que tendría un efecto «altamente negativo» en la economía general.
En su lugar, la compañía pide+ conceder bonificaciones fiscales a los arrendadores que logren acuerdos con los inquilinos ya sea rebajando la renta o concediendo moratorias de pago.
Respecto a la línea ICO de microcréditos sin intereses, ni comisiones a devolver en seis años, cree que es una medida «muy complicada» de gestionar, y avisa del peligro de que los arrendadores acaben teniendo problemas para cobrar las rentas.
Podría producirse por ejemplo que se pidieran 500.000 microcréditos con la consiguiente complicación de gestión y una demora en que el dinero llegue a sus destinatario, apunta.
Además, hay que controlar que los microcréditos se utilicen para el pago de rentas y no se destinen a otra cosa por la ausencia de desahucios. Arrenta considera que esta medida no fomenta la solidaridad de los arrendadores que, en mucho casos, están ofreciendo rebajas o moratorias a los inquilinos.
Según la directora general de Arrenta, Mercedes Robles, «no parece razonable que todas las medidas conduzca al cobro íntegro de las rentas cuando los mismos arrendadores, particulares y tenedores están ofreciendo acuerdos a los inquilinos lo que evitaría que tuviesen que acudir a microcréditos».
«Si el gobierno incentivase con bonificaciones fiscales a los arrendadores habría muchos más acuerdos que evitaría tirar de fondos públicos o microcréditos», ha añadido.
LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS «LLAMA AL IMPAGO»
Además, alerta de que la suspensión de desahucios por impago durante seis meses a partir de que se levante el estado de alarma es «una llamada al impago y deberá de gestionarse correctamente», según ARRENTA.
También cree que falta por definir correctamente el concepto de familia vulnerable.
En cualquier caso, recuerda las medidas deberían ser proporcionales ya que los ERTES implican, como regla general, que los afectados cobren el 70% de la base de regulación, y pide que las medidas para grandes tenedores se ajusten y sean «proporcionales».
«Las medidas no favorecen el acuerdo generalizado entre los propietarios o arrendadores e inquilinos afectados por los efectos del coronavirus para rebajar las rentas en los próximos meses», concluye.
